Imputados en la “Operación Coral” serían un entramado de militares y policías

La Pepca indica que todos los imputados se constituyeron en una organización criminal

Santo Domingo, R.D.- Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados en la “Operación Coral” son oficiales y miembros activos del Ejercito Nacional, la Armada Dominicana y la Policía Nacional.

“Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos distraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”, explica la acusación.

Adán Benoni Cáceres Silvestre es un mayor general del Ejército de la República Dominicana, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante los gobierno de Danilo Medina (2012-2020).

Según consta en el expediente que sustenta el pedido de medidas de coerción, Rafael Núñez de Aza, es un coronel activo de la Policía Nacional, y fue director financiero del Cusep y del Cuerpo Especializado Seguridad Turística (Cestur) durante el referido periodo presidencial.

La pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez es asimilada de la Policía Nacional y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán es miembro de esa institución, también.

Otro de los imputados es Raúl Alejando Girón Jiménez que es mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), se desempeñaba como programador de nómina del CUSEP, estaba bajo la supervisión de Nuez de Aza. Además, Erick Pereyra Núñez, también es miembro de la Policía Nacional y sobrino del coronel Núñez de Aza, es señalado como testaferro en varias empresas de su tío.

La Pepca indica que todos los imputados “se constituyeron en una organización criminal que realizo cientos de operaciones ilícitas en el periodo comprendido entre agosto del 2012 a agosto del 2020 y que incluso en la actualidad sigue haciendo operaciones en instituciones del Estados a través, de la colocación estratégica de personas que pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para las investigaciones que realiza el Ministerio Publico lleguen a sus manos”.

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