En este caso, el Ministerio Público solicita prisión preventiva y declararlo complejo.
Santo Domingo, RD.- Al menos 294 páginas contienen la solicitud de medida de coerción de la Operación Medusa considerada desde ya como histórica en el país ante las impugnaciones contra exfuncionarios en la persecución del delito.
El documento inicia señalando a Jean Alain Rodríguez como cabecilla de la supuesta red desde su designación en la Procuraduría General de la República.
Las características de la estructura criminal establecen que el Ministerio Público pasó de la obligación constitucional de perseguir los crímenes y delitos a materializarlos a gran escala en la pasada gestión.
En 18 puntos se establecen acusaciones consistentes en distracción de fondos del presupuesto de la institución, creación de nóminas ficticias, alquiler de vehículos por montos millonarios y sobornos, entre otras imputaciones.
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El Plan de Humanización de las cárceles sería el punto de lanza de la investigación que involucra además del exprocurador a otros ocho encartados los cuales permanecen sin ser arrestados en la operación a través de la cual el Pepca solicita un año de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo.
Imputados en Operación Medusa
- Jean Alain Rodríguez
- Rafael Stefano Cano
- Jhonatan Joel Rodríguez
- Miguel José Moya
- Altagracia Guillén
- Jenny Marte Peña
- Javier Forteza
El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.
Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidrón, comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe.
La compra de los referidos equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancias de Vilmi Durán, la asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.
El entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, recibió el citado equipo.
Posteriormente, Forteza Ibarra emitió una certificación en fecha de 14 de agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al despacho del procurador el 12 de agosto de 2020.
Los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en un encuentro en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera.
Sin embargo, el supuesto verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar espionaje ilegal”.
A finales de agosto de 2020, el procurador fiscal de Independencia recibió una llamada de la asistente del procurador, quien le pidió una comunicación devolviendo el dispositivo a la PGR.
Fue entonces que en fecha 2 de septiembre del 2020, Soni A. Rosario envía con la misiva solicitada a Emil Andrés Álvarez, quien aparece en la nómina de personal contratado por la PGR correspondiente a abril de 2020 como soporte técnico de la fiscalía de Independencia.
Según expone el documento depositado por el Ministerio Público la noche del pasado miércoles, Álvarez se reunió con un militar al que le entregó una caja en donde estaba el dispositivo, para que lo devolviera a la institución.
Cabe señalar que la solicitud de allanamiento presentada por los fiscales ante la jueza Kenya Romero, se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, quienes gestionaron la compra.
Estas informaciones fueron recabadas a raíz de un proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del año 2020, por la gestión de la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
Al profundizar en las investigaciones, las autoridades aseguran en la solicitud de medida de coerción haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo de la PGR para ser usado en una villa vacacional, propiedad del exprocurador Rodríguez, ubicada en Casa de Campo.
“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorisionar y de tener informaciones privilegiadas”, indican los fiscales en su investigación.
Pero el pasado mes de julio no fue la primera y única vez en que se adquiriera uno de estos dispositivos. En 2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del nuevo modelo, recibido también por el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Sin embargo, y según consta en certificación de la Directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, las penitenciarías y cárceles del país no cuentan con bloqueadores de señal.
Operación Medusa
La más reciente investigación sobre corrupción realizada por el Ministerio Público fue denominada “Operación Medusa”, en la que se nombran como involucrados al exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.
Además, Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
La noche del pasado miércoles, la fiscal Mirna Ortiz depositó la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Para el grupo acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, delitos electrónicos y lavado de activos, entre otros ilícitos, se pidió prisión preventiva y declaratoria del caso como complejo.
Javier Alejandro Forteza Ibarra tenía el control del Sistema de Investigación Criminal (SIC), una herramienta que era usada por los fiscales de todo el país en sus procesos de investigaciones.
Y ese control del sistema, supuestamente, vendía acceso a personas particulares y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público, según se señala en documentos depositados en corte dentro del caso Operación Medusa.
Forteza Ibarra fue el director de Tecnología de la Información de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.
“Forteza Ibarra, en su función de director de Tecnología de la Información era quien tenía el control del sistema de investigación criminal (SIC), herramienta usada en los procesos de investigación de los fiscales, comprobándose que éste, haciendo uso indebido de su función, vendía el acceso a particulares y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público”, agrega el documento.
El imputado en el caso Medusa que lleva a cabo la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Javier Alejandro Forteza Ibarra, habría sido el encargado de eliminar las bases de datos de los servidores de la Procuraduría, así como también de afectar el correo electrónico institucional durante la gestión Jean Alain Rodríguez.
Durante la gestión de Jean Alain, Forteza Ibarra, quien se desempeñaba como director de Tecnología de la Información de la institución, habría propiciado dentro de la entidad una serie de eventos cibernéticos sobre sabotaje, alteración y la eliminación de información en la base de datos de los servidores, así como también en el correo electrónico institucional. Estos incidentes informativos fueron detectados en los años 2018-2019 y 2020.
Forteza Ibarra habría designado a Ney Ernaldo Caccavelli Guevara, encargado de seguridad, para cyberespionaje con el objetivo de monitorear desde cualquier lugar y de manera remota, las computadoras utilizadas en áreas administrativas y por los fiscales, logrando tomar control de las informaciones personales y de los procesos penales, así como también facilitar el borrado de información almacenados en los discos duros y para eso usaba una herramienta tecnológica llamada softmonitore, adquirida por el imputado, que realiza la función en formato Keylogger.
“Esta es una herramienta informática introducida de manera oculta en el sistema operativo de las computadoras, la cual es utilizada para espiar, registrando y almacenando las pulsaciones del teclado para el robo de contraseñas y control de actividades en el equipo de las víctimas”, precisa el documento depositado por el MP en la noche del miércoles.
El expediente también indica que durante el desempeño de sus funciones, el 20 de febrero de 2020, eliminó de manera intencional la base de datos de los servidores, encriptó la data de los servidores y de los backup conectados en línea, también fue alterada y formateada la data de información de los departamentos administrativos, portal web institucional, base de datos de los impedimentos de salida, el sistema administrativo.
“Se borró la data almacenada en el correo institucional, donde estaban alojados los nombres de los fiscales y personal administrativo, la base de datos de Prisiones, Extradiciones, Despacho, Control de Evidencias y Bienes Incautados, Contabilidad, Tesorería, Transportación y Activo Fijo”, establece la solicitud de medida de coerción.
El mismo señala que el citado ataque realizado intencionalmente con el “ransomware Ryuk” encriptó el 80% de la data de los servidores y de los backup conectados en línea, afectando a todos los departamentos de la sede central, así como las dependencias (fiscalías), procediendo a formatear todos los servidores de respaldo, a fin de restablecer los servicios desde cero.
De acuerdo con las autoridades, los colaboradores que desempeñaban las funciones en la dirección de tecnología de la información y comunicación de la PGR, dijeron en entrevistas realizadas por el MP que el citado ataque cibernético generado por el supuesto “ransomware Ryuk” que produjo la eliminación completada de la data y en los servidores, era la única responsabilidad de Forteza Ibarra.
A inicios de septiembre de 2020, Javier Alejandro Forteza Ibarra continuaba accediendo a los servidores de la PGR, ya estando desvinculado, con el fin de seguir afectando el sistema central.
Con Jean Alain desde el CEI-RD
El Ministerio Público también establece que antes del ingreso a la PGR, Javier Alejandro Forteza Ibarra se desempeñaba como gerente de tecnología de la Información del Centro de Exportación e Inversión de la RD (CEI-RD), ahora llamado Pro Dominicana en la gestión de Jean Alain Rodríguez, para el periodo 2015 hasta agosto 2016, donde se sucedieron varios incidentes informáticos relacionados con la afectación y borrado de información de la base de datos, según establece Carlos Javier Noel Quezada, exdirector de ese Departamento, corroborado por la certificación No. 119838, de fecha 17 de mayo de 2021, emitida por Pro Dominicana.
“No, no impartí docencia; diseñé una estrategia de estabilizar el clima laborar, que contenía varios componentes, incluyendo el diseño de un proceso de capacitación, no facilitar la capacitación sino diseñarla y el segundo componente trabajar en el aspecto reputacional en la recuperación de la reputación de la institución”, dijo.
Miguel José Moya es gerente de la empresa Desarrollo, Individuo y Organización / DIO S.R.L.
Esos contratos y pagos se produjeron entre los años 2018 y 2020, y llegaron a tener un valor total de RD$19, 683,600.
Los contratos
El primer contrato fue firmado el 16 de febrero de 2018, con la Procuraduría General de la República (PGR), siendo representada por el implicado en la Operación Medusa, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y Moya dando la cara por la compañía Desarrollo, Individuo & Organización (DIO), SRL.
El acuerdo fue suscrito para que Moya, asesor del también acusado Jean Alain Rodríguez durante su gestión al frente del órgano persecutor, lleve a cabo una serie de talleres de capacitación al personal de la referida institución.
Este tenía un valor que rondaba los 3.7 millones de pesos, y fue pagado en tres cuotas de unos 1.2 millones de pesos, los días 27 de marzo, 4 de mayo y 22 de junio del 2018.
Lo anterior era el patrón utilizado por el grupo, según el Ministerio Público, y consistía en el requerimiento de una empresa que realizara diversos cursos y talleres, adjudicados siempre a DIO SRL, que ganaba por procesos de comparación de precios, se firmaba el contrato con la autorización de Rodríguez Imbert, exdirector financiero de la PGR, y del propio Jean Alain Rodríguez.
Esto se repitió con el contrato del 18 de junio de 2018, que sirvió como renovación del contrato pasado por la misma cantidad, que igualmente fue dividido en tres pagos distintos, aunque en esa ocasión fueron efectuados, el 18 de octubre del mencionado año.
Asimismo, un día antes de ese depósito Rodríguez Imbert elaboró un documento de reconocimiento de deuda, donde aseguraba que DIO SRL realizó talleres de integración entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2018, estipulando que la deuda por esos trabajos ascendía a RD$2, 485,600.
Ya en febrero de 2019 fue rubricado otro contrato de servicio de capacitación especializada, con un precio igual a los dos que le precedieron y que fue pagado el 28 de marzo siguiente usando el modus operandi acostumbrado: cuotas de RD$1.2 millones.
A mediados de diciembre próximo desde la PGR se emitió un cheque de RD$1, 242,800, bajo el concepto de “talleres de integración para fortalecer el clima laboral”, tomando como base el documento de reconocimiento de deuda elaborado por Rodríguez Imbert, compromiso que ya había sido cumplido.
Un par de meses después, a finales de febrero del año pasado, se firmó otro contrato entre la Procuraduría y la empresa representada por Moya, en esta ocasión de capacitación especializada, este de RD$4, 770,000, y que fue pagado para el junio siguiente, a través de transferencias.
Inexistentes
Otro punto importante en la investigación es que los talleres que tenían que ser impartidos por DIO SRL eran inexistentes, hecho que fue encubierto por personal de la PGR, señalan los fiscales.
En el documento se detalla que en los informes de servicio de capacitación realizada por el departamento de Gestión Humana tiene una lista de empleados que aseguraron no asistir a estos talleres, y que el listado que indica los que sí confirmaron su presencia pertenecía a otra actividad institucional.
Similarmente está el caso del exdirector general de carrera del Ministerio Público, Víctor Lora Imbert, quien es señalado como la persona que realizó la petición de llevar a cabo los cursos, solicitud que terminó en el contrato de febrero del 2019, y el responsable de emitir constancias de servicios prestados sin ningún aval de asistencia de personal o de los días en que se sostuvieron esos encuentros.
Esta maniobra de igual forma se repitió para el último acuerdo reseñado en el documento de los fiscales.
Por: Leticia Díaz
