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Santo Domingo, RD. – El expresidente Hipólito Mejía se mostró en desacuerdo con la práctica de “poner en 29” a los presuntos delincuentes y consideró que quienes cometan delitos deben ser apresados y sometidos a la acción de la justicia.
Mejía reconoció la necesidad de fortalecer las medidas para enfrentar la delincuencia y mantener el orden en el país. Sin embargo, sostuvo que la respuesta de las autoridades debe desarrollarse dentro del sistema de justicia.
“Yo no soy enemigo de la muerte. Yo creo que la justicia está para eso. Deben llevarlos a la justicia”, manifestó el exmandatario al referirse a los métodos utilizados para combatir la criminalidad.
Sus declaraciones se producen en momentos en que el debate sobre la seguridad ciudadana y las actuaciones policiales ha generado posiciones encontradas en el país.
Notas relacionadas
El exgobernante también rechazó lo que describió como una política de mano dura contra los delincuentes, especialmente cuando esta implica quitarles la vida durante intervenciones policiales.
Mejía hizo referencia a la expresión popular “poner en 29”, utilizada en el debate público dominicano para aludir a la muerte de personas durante actuaciones policiales. Medios locales han reportado recientemente varios casos en los que presuntos delincuentes han muerto durante intervenciones de agentes.
El expresidente insistió en que los acusados de cometer delitos deben conducirlos ante los tribunales para que respondan por sus acciones conforme a la ley.
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Defiende el Estado de derecho
Durante sus declaraciones, Mejía también cuestionó sobre el Estado de derecho. También reiteró su posición a favor de que las autoridades actúen mediante los mecanismos establecidos por la justicia.
“A mí no me gusta eso”, expresó al referirse a la práctica de dar muerte a presuntos delincuentes.
Sus declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre la seguridad ciudadana. También las acciones policiales contra personas señaladas por delitos y el uso de la fuerza durante los operativos.
El llamado “29” no constituye una categoría jurídica que autorice la ejecución de personas, sino una expresión utilizada en el ámbito policial y popular para referirse a personas que mueren durante determinadas intervenciones.
