Los abogados del Estado buscan recuperar los recursos que entienden sustrajo el fenecido Emilio Rivas del erario público. La información es parte del Reporte Especial de Julissa Céspedes de este domingo 2 de abril.
Santo Domingo, R.D.-El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, se querelló penalmente y con constitución en actor civil en contra de varios de los detenidos de la operación Calamar.
El Estado enlista 11 personas como autores de los delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco.
La querella también es contra las personas que figuran como testigos del Ministerio Público en ese caso, entre ellas, el empresario Mimilo Jiménez Collie. En este caso, el Estado pide una compensación por daños y perjuicios por más de 26,880 millones de pesos. Definen los hechos como un fraude colosal.
Asimismo, el Estado establece que debido a la participación de fenecido, exdirector de Bienes Nacionales, Emilio Rivas en el presunto entramado corrupto recibió al menos 804 millones 477 mil pesos. Por lo que, se procedió a demandar a sus sucesores para recuperar lo distraído del Estado. Los hijos de Rivas, Emilio José Rivas Martínez, Bethania Altagracia Rivas Martínez y Emilio Manuel Rivas Nepomuceno, deben responder por el daño patrimonial que con la conducta antijurídica de su padre que fue parte de la herencia que estos habrían recibido.
Responsabilidad de Emilio Rivas en entramado corrupto del caso Calamar
La querella resalta que, el finado Emilio César Rivas aceptó además que los hermanos Fernández De Paola (quienes se declararon culpables en audiencia del caso Calamar) sin ni siquiera haber probado su calidad de propietarios, inscribieran sobre el inmueble un privilegio de vendedor no pagado por la parte restante 953 millones de pesos.
Además de haber suscrito el Acuerdo Transaccional el finado Emilio César Rivas, director de Bienes Nacionales, y Donald Guerrero, ministro de Hacienda, conforme la querella pagaron al margen de que los señores Ana Linda y Emir Fernández De Paola no probaron su calidad. Y siendo la misma motivo de una seria contestación judicial en materia penal que dio lugar a medidas de coerción en su contra, y sin que se evidenciara el levantamiento de oposiciones trabadas en perjuicio de dichos señores en estas entidades.
A esto añade la querella que, una sentencia del Tribunal Superior Administrativo ordenaba el pago a Ana Linda y Emir Fernández De Paola, pero únicamente sobre terrenos 1 millones 257 mil metros, una cantidad muchísimo menor a la que la Dirección General de Bienes Nacionales le terminó reconociendo transaccionalmente que fue de casi 16 millones de metros cuadrados procediendo a renunciar a dicha sentencia, aun cuando la misma se había confirmado a favor del Estado, al mantener el reconocimiento sobre la misma área y rechazar la solicitud de los supuesto sucesores.
Bienes Nacionales desconoció sentencia a favor del Estado
El documento establece que, Bienes Nacionales conocía que al sentencia que había sido casada por la Suprema Corte de Justicia y enviada al Tribunal Superior Administrativo, y no obstante, sin esperar concluir el procedimiento legal ya en fase final, prefirió renunciar a esta sentencia, lo que conllevo a que el Estado dominicano se obligara a pagar un monto más de 4,390 millones de pesos por encima al que hubiera tenido que pagar de confirmarse en la Corte de Envío la Sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Y peor aún, sin que se evidenciara en el expediente un documento fehaciente como Certificación de Estatus Jurídico que justificara tal actuación.
Para el equipo del jurista del Estado, esta operación fraudulenta refleja el marcado interés de las autoridades de Bienes Nacionales y el Ministerio de Hacienda de lograr que se pagaran 3,083 millones de pesos, sin ningún tipo de documentación o sobre la base de documentación inexistente y en tiempo récord.
Otros demandados por Estado
Emilio Toribio Olivo, exdirector del IAD; como cómplice: Simón Lizardo Mezquita, exadministrador del Banreservas; Ramón Jimenez Díaz, exdirector general de cumplimiento de Banreservas. Además, Marcos Martínez Hernández, Álvaro Jimenez, Jose Alexis Robles, y el agrimensor Oscar Ortiz de la Rosa. Y como terceros civilmente responsables Cesar Emilio, Emilio Jose, Betania, Emilio Manuel Rivas, sucesores del fallecido director de Bienes Nacionales.
Querella del Estado en caso Calamar
De acuerdo con la querella del Estado, Emilio Toribio Olivo, exdirector del IAD, puso sus funciones en el Instituto Agrario Dominicano al servicio de la estructura, de manera específica a través de dos expedientes correspondiente a designaciones Catastrales estableció obligaciones a cargo del Estado dominicano por más de 441 millones 277 mil pesos garantizando el retorno mínimo a través del mecanismo de las cesiones de crédito de más de 271 millones como contrapartida ilícita al pago de los expedientes que bajo el concepto de pago de deuda administrativa por expropiación recibiendo presuntamente 14 millones de pesos.
Estado se querelló contra Simón Lizardo
La querella del Estado establece que, Simón Lizardo Mezquita, exadministrador del Banreservas; Ramón Jimenez Díaz, exdirector general de cumplimiento de Banreservas. Además, Víctor Antonio Collado, y Andrés Terrero esto últimos detenidos por el PEPCA, pusieron sus respectivas funciones en el Banco de Reservas y su autoridad al servicio de la estructura y del mecanismo desarrollado. Y facilitaron la conversión en efectivo de más de 10 mil millones de pesos, en tan solo seis meses. Todo eso ignorando los efectos de los mecanismos de alarma del sistema de control del banco, operando con ceguera deliberada. Y de haber pretendido asegurar el ocultamiento de la identidad de los beneficiarios o destinatarios finales de esos recursos. Dispusieron de vehículos de seguridad del Banco para el transporte de una parte de estos recursos.
De su lado, conforme el documento, el agrimensor y funcionario del Estado, Oscar Ortiz de la Rosa, puso las funciones técnicas que ejercía de manera simultánea en Bienes Nacionales como coordinador del Plan Nacional de Titulación de y la de Agrimensor o Técnico Evaluador de la Dirección General de Reconocimiento de Deuda de Hacienda, emitía informes inexactos y alterando la verdad con el propósito de validar el reconocimiento de la supuesta deuda y los pagos de expedientes incompletos o que contenían omisiones en virtud de las cuales no cumplían con las disposiciones legales y administrativas para que se efectuaran los mismos.
Por Ángela Ramírez
