Santo Domingo, RD.- Un total de mil ochocientos extranjeros guardan prisión en los diferentes recintos penitenciarios del país, quienes, al margen del hacinamiento que ya se ha denunciado que existe en las cárceles producto de la sobrepoblación. También enfrentan otras dificultades y suponen retos importantes para las autoridades dominicanas.
Según los datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, sus nacionalidades varían entre colombianos, venezolanos, españoles. También hay estadounidenses, haitianos, alemanes, peruanos, suizos, mexicanos, holandés y hasta israelíes. Sin embargo, las estadísticas muestran que la mayor cantidad de presos extranjeros son de nacionalidad haitiana. En total suman mil 446 los que se encuentran actualmente privados de libertad. Equivalente al 80.3 por ciento de los extranjeros detenidos.
El segundo puesto lo ocupan 111 venezolanos, les siguen 87 colombianos, 25 estadounidenses, 21 holandeses, 14 italianos y 12 españoles.
¿Cuáles son los tipos penales o los delitos en que más incurren estos ciudadanos en el país? Está el robo, en primer lugar. También la sustracción de las cosas ajenas, sustancias controladas, abuso sexual y violencia intrafamiliar
Rodolfo Valentín, Director ONDP
Oficina Nacional de Defensa Pública asume defensa de los extranjeros en prisión
Una vez entran en conflicto con las leyes locales, su condición de extranjero le impide, en la mayoría de los casos, contar con una defensa técnica. Por esta razón el Estado dominicano debe proveerles abogados a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Cuyos registros dan cuenta de que solo durante el último año han asistido a mil 885 extranjeros, el 96 por ciento de origen haitiano.
Los datos no solo dan cuenta de la importante migración haitiana, también de los recursos que debe destinar el Estado para asistir legalmente a esos extranjeros. Aunque, la pasada semana, organizaciones sociales y antirracista aseguraron que el aporte económico de la comunidad haitiana en República Dominicana es mayor a los servicios que les brinda el Estado, al menos en materia de salud.
