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Habilitan juzgados de paz en SDO para tránsito y asuntos municipales

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste inició el conocimiento de los casos municipales, como accidentes de tránsito, conflictos entre vecinos y otros, ocurridos en esta demarcación, en los juzgados […]

Redacción CDN
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La Fiscalía de Santo Domingo Oeste inició el conocimiento de los casos municipales, como accidentes de tránsito, conflictos entre vecinos y otros, ocurridos en esta demarcación, en los juzgados de paz de esta jurisdicción.

Para estos fines, designaron los magistrados Cecilia Toribio Melo y Reye Rodríguez, como jueces de paz para atender estos asuntos en esta demarcación territorial.

La decisión del Poder Judicial se hizo efectiva a partir del día 2 de septiembre del año en curso, vía resolución. Esta iniciativa anteriormente era un reclamo de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el fin de que los ciudadanos no tengan que trasladarse de este municipio hasta Santo Domingo Norte para tratar los casos que le competen en materia municipal y de tránsito.

Representantes del Ministerio Público en Santo Domingo Oeste advirtieron que previo a la decisión del Poder Judicial. Debido a que los ciudadanos abandonaban los casos para no tener que trasladarse hasta Villa Mella.

Conocen primer caso

La Fiscalía de Santo Domingo Oeste logró la imposición de tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el ciudadano Lovensley Lazar. El imputado mató a la señora Ruth Pérez Díaz Heureaux, el pasado 30 de agosto del año en curso, en el sector Hato Nuevo.

Según el documento de solicitud, depositada por el Ministerio Público, Díaz Heureaux murió mientras recibía atenciones médicas. Esto, luego de que la atropellaran una motocicleta.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincial San Cristóbal.

El Ministerio Público, representado por el fiscalizador, Sandy Santa, dio al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 217, 220, 299, 303, 303-3, 303-5 y 304-2, de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

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