La jueza Altagracia Ramírez envió a la corte una recusación planteada por los representantes de los imputados
Los exfuncionarios Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, imputados en el caso de corrupción Calamar, recusaron a la jueza Altagracia Ramírez, que conoce la audiencia preliminar del proceso.
Según la Procuraduría Anticorrupción, la recusación tuvo lugar luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aprobó que el Ministerio Público presentara su acusación de forma resumida contra los acusados.
De acuerdo con la procuradora anticorrupción, Mirna Ortiz, la jueza advirtió la posibilidad de que las partes estuvieran recurriendo a ese recurso legal como una estrategia dilatoria.
“En el proceso de hoy, de la audiencia preliminar de Operación Calamar, las defensas técnicas de los imputados Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y Ramón Peralta recusaron a la magistrada juez de la Instrucción en rechazo a su decisión de que el Ministerio Público presentara su acusación de forma resumida”, dijo Ortiz luego de salir de la sala de audiencia.
El incidente llevó a la jueza Ramírez a enviar el conocimiento de la recusación a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, suspendiendo la audiencia hasta el próximo 2 de mayo.
“Las defensas se opusieron y la jueza reiteró su decisión amparada en las disposiciones que prevé el Código Procesal Penal en la combinación del artículo 300 y el 318 y el principio de celeridad y razonabilidad que impera en los procesos penales”, refirió.
Le tocará a la Corte de Apelación decidir si aparta o no a la magistrada Ramírez del caso.
Sobre el caso Calamar
En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además de Castillo, Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público acusa al grupo de incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
