Santo Domingo, RD.- El abogado Francisco García, padre y defensa legal de Bella García, una de las empleadas de la Cámara de Cuentas que se querelló contra su presidente, Janel Ramírez, por acoso sexual, dijo que la decisión de archivar el proceso por parte del Ministerio Público pudiera responder a ciertas presiones del Gobierno. Esto con el objetivo de que el funcionario sea procesado penalmente.
García sostuvo que la resolución es contradictora. Explicó que el Ministerio Público reconoce que Ramírez ha cometido faltas éticas desde el punto de vista de sus funciones. Pero lo considera acoso laboral, y no sexual, como su defendida ha evidenciado con las pruebas aportadas.
Esa conducta inmoral o antiética del presidente de la Cámara de Cuentas de chantajear y presionar a dos servidoras de la Dirección Jurídica no es un simple acoso laboral. Estamos frente a un tipo penal contenido el artículo 333 del Código Penal, que se llama acoso sexual.
Francisco García, defensa legal de una de las querellantes.
Aseguró que impugnarán la decisión ante la Suprema Corte de Justicia. “Recurriremos a través de un recurso especial que se llama objeción. Esa objeción la vamos a hacer por ante la magistrada Vanessa Peralta, jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia”, declaró.
El abogado manifestó que tienen la firme esperanza de que una vez se conozca el recuso, la jueza Peralta revocará la decisión del Ministerio Público. Y que posteriormente ordenará la continuación de la investigación. Asimismo, que se presente formalmente acusación.
“Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Estamos convencidos de la firmeza de nuestra acusación. Los hechos que narramos realmente ocurrieron”, concluyó.
El Ministerio Público informó que el proceso penal seguido a Janel Ramírez, presidente del órgano auditor, se archivó de manera definitiva debido a falta de pruebas en su contra.
Detalló a través de un comunicado que, de acuerdo con las informaciones y evidencias analizadas, no se configura el tipo penal de acoso sexual, establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano.
La instrucción del proceso estuvo a cargo de los magistrados Fernando Quezada e Isis De La Cruz, procuradores adjuntos de la Procuradora General de la República.
