Torres Robiou está implicado en hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G.
Santo Domingo, RD.- La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y ratificó este martes la medida de coerción, consistente en arresto domiciliario, que le fue impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou. Esto por estar implicado en hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G.
La jueza Gisselle Méndez acogió los argumentos del órgano acusador. Afirmó que la decisión fue adoptada porque no han variado las circunstancias que dieron valor a la misma. Ademas, porque se mantiene el peligro de fuga.
La magistrada Méndez adoptó la decisión al conocer una solicitud de la defensa del procesado.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar y Arolin Lemos.
Torres Robiou y otros imputados en caso Coral y Coral 5G
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) Torres Robiou está acusado de formar parte del entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado, desmantelado por el órgano persecutor en el año 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral. En estas operaciones, además, se apresó y procesó miembros de la Policía Nacional y otras personas implicadas, igualmente, en hechos de corrupción.
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Los demás vinculados por el Ministerio Público a este proceso judicial, son: Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón. Todos cumplen las mismas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario y uso de grillete.
Arresto domiciliario desde mayo 2023
El acusado Torres Robiou cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023. En esa fecha, la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de prisión preventiva que le habían impuesto para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
En este proceso, el órgano acusador presentó cargos por hechos de corrupción contra 48 personas, 30 de ellas físicas y 18 jurídicas. Estas enfrentan proceso por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
