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El diputado Gregorio Domínguez, presidente de la Comisión Especial que estudia las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, dio garantías de que esta pieza se aprobará este año.
Sobre el tema, el dirigente de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, planteó que la nueva normativa debe contener poder sancionador.
En declaraciones por separado, coincidieron en destacar que el proyecto busca fortalecer la transparencia en los procesos de compras y contrataciones para bienes y servicios del Estado.
«La ley tiene procedimientos claros, muy diferente a la ley 340, de cómo contratar tanto los oferentes como las empresas. Pero lo más importante son las garras que tienen en asuntos penales y también las sanciones administrativas para las empresas que de alguna manera cometen delitos administrativos que no son penales», manifestó Gregorio Domínguez, diputado del PRM.
“El aspecto más fundamental que requiere una modificación es devolverle a la ley, lo que es el régimen de la consecuencia. Principalmente, el régimen de sanciones penales y el régimen de sanciones administrativas», aseguró Joseph Abreu, dirigente de Participación Ciudadana.
«En el momento que la ley de compras se aprobó en el 2006. A los seis meses fue modificada justamente para quitarle la responsabilidad o el sistema de consecuencias. Y eso obviamente, generó ese esquema de impunidad que nosotros hemos visto en los casos de corrupción”, Joseph Abreu, dirigente de Participación Ciudadana.
Se espera que el proyecto de ley se apruebe al menos en la Cámara de Diputados en esta legislatura. Y que su estudio continúe en el Senado en la legislatura que inicia el 16 de agosto próximo.
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