Francisco Álvarez advierte que expedientes sobredimensionados retrasan los grandes casos

SANTO DOMINGO.- El abogado Francisco Álvarez Martínez advirtió que la construcción de acusaciones demasiado extensas, acompañadas de un volumen excesivo de pruebas y argumentos, dificulta que los grandes procesos judiciales concluyan dentro de los plazos establecidos.

Álvarez sostuvo que la prolongación de esos casos no puede atribuirse exclusivamente a las actuaciones de los abogados defensores. A su juicio, también debe revisarse la forma en que se estructuran las acusaciones y cómo son administrados los expedientes cuando llegan a los tribunales.

El jurista ofreció sus consideraciones durante el especial “Balance: 16 miradas para el 16”, dedicado a analizar la justicia dominicana a seis años de la llegada de Luis Abinader a la Presidencia.

Según explicó, la sobrecarga probatoria y argumentativa, al trasladarse a un sistema procesal que todavía presenta dificultades operativas, puede provocar que los casos se vuelvan más complejos y tarden años en alcanzar una decisión.

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Álvarez defendió el derecho de los imputados a responder todos los elementos contenidos en una acusación y rechazó que el ejercicio de la defensa sea presentado como la única causa de los retrasos.

Planteó que el sistema debe reorganizar la manera en que procesa los casos, desde la formulación de la acusación hasta su conocimiento en los tribunales.

Diferencias entre ricos y pobres

Al abordar la igualdad ante la justicia, Álvarez reconoció que existen diferencias entre las posibilidades de una persona con recursos económicos para contratar una defensa y las de quien depende de los servicios básicos disponibles.

Explicó que el derecho, especialmente en el ámbito penal, involucra múltiples procedimientos y recursos que pueden influir en el resultado o en la capacidad de una persona para sostener su caso.

Álvarez señaló que quien dispone de recursos puede obtener una representación especializada y dar seguimiento permanente al expediente, mientras que otros ciudadanos deben trabajar con las opciones colocadas a su disposición.

No obstante, destacó que las herramientas tecnológicas han comenzado a reducir parte de esa brecha.

Mencionó el acceso gratuito a repositorios de jurisprudencia, doctrina y decisiones judiciales, así como la posibilidad de consultar digitalmente el avance de un proceso. Esos mecanismos permiten que los usuarios conozcan directamente lo que ocurre con sus expedientes.

Inteligencia artificial y acceso a la información

Álvarez sostuvo que la inteligencia artificial ha facilitado el acceso ciudadano a informaciones jurídicas que anteriormente eran localizadas principalmente a través de abogados.

Sin embargo, advirtió que encontrar una información no garantiza que la persona posea la preparación necesaria para determinar si es correcta o aplicable a su situación.

Consideró que el Estado tiene la responsabilidad de explicar adecuadamente las novedades introducidas por las leyes y ayudar a que la población comprenda sus implicaciones.

El abogado también planteó la conveniencia de reunir en una sola pieza las disposiciones penales que permanecen distribuidas entre diferentes leyes especiales.

Explicó que la dispersión normativa dificulta el trabajo de los profesionales del derecho y hace todavía más complicado que un ciudadano conozca cuáles conductas se encuentran penalizadas.

A su juicio, una legislación organizada y accesible permitiría que las personas comprendan con mayor claridad sus derechos, obligaciones y las consecuencias de determinadas actuaciones.

Cuestiona penas de 60 años

Álvarez manifestó preocupación por la posibilidad de imponer condenas de hasta 60 años de prisión.

“Forzosamente es preocupante”, expresó al señalar que retirar a una persona de la sociedad durante seis décadas plantea interrogantes sobre la finalidad constitucional de la pena.

El jurista advirtió que una sanción de esa duración debe analizarse tomando en cuenta el principio de reinserción social y las condiciones del sistema penitenciario dominicano.

Consideró que las cárceles del país todavía no están preparadas para responder adecuadamente a condenas tan extensas y cuestionó que el aumento de las penas constituya, por sí solo, una respuesta efectiva frente a la criminalidad.

Para Álvarez, la eficacia de la justicia depende también de la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar los delitos dentro de un plazo razonable.

Prisión preventiva

El abogado también llamó la atención sobre la elevada cantidad de personas que permanecen privadas de libertad de manera preventiva.

Sostuvo que el uso extendido de esta medida contribuye a la sobrepoblación penitenciaria y evidencia las dificultades del sistema para resolver los procesos con rapidez.

Álvarez recordó que la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional y no convertirse en una sanción anticipada para una persona que todavía no ha sido condenada.

También señaló que la tecnología ha agilizado determinadas etapas judiciales, pero ha generado nuevos desafíos, especialmente por el volumen de documentos y pruebas digitales incorporados a los expedientes.

Concluyó que la justicia dominicana ha registrado avances, pero todavía necesita simplificar sus procesos, organizar mejor la legislación y garantizar que las condiciones económicas de una persona no determinen sus posibilidades de obtener una respuesta judicial.