Según las acusaciones, esta red habría eliminado o adulterado más de 8 mil registros penales a cambio de recibir sobornos.
El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este viernes la solicitud de prisión preventiva en contra de 12 personas vinculadas en la operación Gavilán.
El tribunal, también deberá decidir si declara complejo el caso seguido a los implicados, detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la instancia depositada por los fiscales Sourelly Jáquez y Andrés Mena se solicita prisión para Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.
Igualmente, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva, así como los empleados de la Procuraduría Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez.
La medida de coerción incluye a Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El grupo es acusado de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública y varios artículos sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Siete fiscales
Siete fiscales adjuntos han quedado en el centro de una tormenta mediática y judicial tras ser acusados de formar parte de una red dedicada a eliminar antecedentes penales de procesados por diversos delitos a cambio de sobornos.
La Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación en su contra, así como de otras 12 personas, entre empleados administrativos y miembros de la Policía Nacional que operaban esta estructura a nivel nacional.
El escándalo, conocido como «Operación Gavilán», revela un entramado de crimen organizado que involucra a fiscales, empleados del Ministerio Público, miembros de la Policía Nacional, empleados de Migración y otras personas morales.
José Viterbo Cabral González, inspector General del Ministerio Público, ha sido designado para llevar adelante un proceso disciplinario en contra de los fiscales adjuntos implicados, por decisión del Consejo Superior del Ministerio Público. Además, se ha solicitado la designación de un juez de Instrucción Especial de la Cámara Penal de Apelación del Distrito Nacional para llevar a cabo el juicio disciplinario en su contra.
Modus operandi
La red consistía en aprovechar su posición como empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas contra los registros nacionales de procesamientos de antecedentes penales. Se les acusa de eliminar o alterar antecedentes criminales relacionados con delitos graves como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol y lavado de activos, entre otros.
La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público detalla que los acusados se asociaron con ex miembros de la Policía Nacional, a quienes se les borraron antecedentes penales graves, permitiéndoles formar parte de la red criminal.
La gravedad de estas acusaciones ha sacudido el sistema de justicia del país, y se espera que el proceso judicial y disciplinario revele la magnitud del escándalo y las responsabilidades de cada implicado. El caso ha generado indignación entre la población y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sistema de justicia para evitar que actos de corrupción y complicidad socaven la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad del país.
