FISCALDOM reclama mayor presupuesto al Ministerio Público

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Ve con preocupación la disminución del presupuesto para el año 2021 a esa institución

Santo Domingo, RD.- La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), reclama al presidente de la República, Luis Abinader, un mayor presupuesto para el Ministerio Público.

FISCALDOM informó que ve con preocupación la disminución del presupuesto para el año 2021 a esa institución, ya que entiende la medida podría “disminuir la capacidad de investigación de grandes casos que están en su poder y que han afectado por años los intereses de la nación”.

En ese sentido, el gremio dijo reconocer la situación económica por la que atraviesa en estos momentos la República Dominicana debido a la pandemia del Covid-19, “y que temas como los de salud, dignidad y calidad de vida, trabajo y seguridad ciudadana, son de alta prioridad en los actuales momentos”.

Sin embargo, dijo que “reducir de golpe y porrazo algo más del 40.19 %, a la asignación al Ministerio Público para el 2021, implica poner en juego el estado social y democrático de derecho de la república dominicana, la sostenibilidad del sistema de justicia y la seguridad ciudadana, en temas tan puntuales como la investigación de los ilícitos penales, la violencia contra la mujer y los niños, niñas y adolescentes, el manejo y solución de conflictos y la investigación de los ilícitos penales de corrupción y criminalidad organizada”.

 

Comunicado de FISCALDOM

La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a los miembros del Congreso de la Republica, a la reflexión sobre la asignación de un mayor presupuesto a la institución que está llamada a investigar perseguir los actos de criminalidad organizada, cohecho y corrupción administrativa, así como la protección de los derechos difusos, como el medio ambiente, y la representación del Estado en Justicia.

El gremio que aglutina a los miembros del Ministerio Publico dominicanos, ve con alta preocupación la anunciada disminución del presupuesto consignado para el próximo año 2021 a la institución, que es el ente acusador, con categoría constitucional, e invita a la sociedad a interesarse por este hecho, que bien podría disminuir la capacidad de investigación de grandes casos que están en su poder y que han afectado por años los intereses de la nación.

FISCALDOM observa, que la Ley no.194-04 (Sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa, del 28 de julio de 2004), le dio categoría formal a la independencia administrativa y financiera del Ministerio Público, y otras entidades, por estar revestidas de carácter constitucional, y que dicha Ley 194-04, en sus artículos 2, 3 y siguientes, establece la forma y manera en que habrá de distribuirse el Presupuesto a estas entidades y la obligación del Ejecutivo a asignar lo que le corresponde.

Y se establece en relación al Ministerio Público: “Artículo 2. El Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las cuales gozan de autonomía presupuestaria y administrativa, recibirán los por cientos que se establecen en la presente ley”. y, el “Articulo 3: El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente:

Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá al Ministerio Público.

Resultando que dicha ley no se limita a establecer los montos presupuestarios, sino que establece que cada tres (3) años, a partir de su puesta en vigencia, los porcentajes que indican los artículos 2, 3 y 4 serán revisados, con el propósito de adecuarlos a las necesidades del Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados), el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; y que, “Los porcentajes que se establecen en la presente Ley no podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo, salvo que las estimaciones económica del país determinen una merma o disminución de los ingresos, en cuyo caso la entrega de las partidas presupuestarias correspondientes serán proporcionales a la de los ingresos estimados. so pena de violentar la misma, para lo cual, la ley establece las sanciones correspondientes.

Establece el gremio de los Fiscales, que, al hacer un análisis comparado, de las partidas presupuestarias asignadas al MP en los últimos 4 años, a saber: en 2018 RD$ 5,917,442,412.00; en 2019 RD$ 8,171,614,115.00; y 2020 RD$ 11,715,033,645.00, jamás se ha llegado ni siquiera a entregar a la PGR, más del 0.86% del 1.44% que le ha de corresponder de los ingresos presupuestado, conforme a la Ley, y esta situación ha postrado de manera permanente a la institución ante los pies y designios del Poder Ejecutivo, lo cual ha atentado contra su independencia; tomando en cuenta que la independencia empieza por la capacidad económica que se tenga para llevar a cabo los planes y proyectos acordados para el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la carrera del MP. Que por tanto no estamos hablando solamente de que para el Presupuesto 2021 habrá una reducción del Presupuesto asignado en el 2020, sino de que, se golpeará de manera inmisericorde la lucha contra la criminalidad organizada, y el combate a la corrupción administrativa del pasado y presente, así, la justicia a la que aspiramos, será solo una quimera, porque las actuaciones de investigación y acción judicial, que ameritan el traslados del cuerpo de Fiscales investigadores, en cualquier rincón de la nación, se realizan con recursos, a menos que se quiera castigar el ya lacerado bolsillo de los miembros del Ministerio Público, lo cual sería inaceptable e inaguantable, como lo es la reducción misma del ya disminuido Presupuesto al Ministerio Público.

Reconoce el gremio la situación sui generis en la cual se encuentra el país al día de hoy, producto de la pandemia del COVID-19, lo cual nos ha generado infinidad de situaciones que, como sociedad, debemos enfrentar y solucionar en conjunto; y que temas como los de salud, dignidad y calidad de vida, trabajo y seguridad ciudadana, son de alta prioridad en los actuales momentos, por lo que se requiere una priorización en el gasto gubernamental, del cual el Ministerio Público es un componente de primer orden; pero que reducir de golpe y porrazo algo más del 40.19%, a la asignación al Ministerio Público para el 2021, implica poner en juego el Estado Social y Democrático de Derecho de la República Dominicana, la sostenibilidad del Sistema de Justicia y la Seguridad Ciudadana, en temas tan puntuales como la investigación de los ilícitos penales, la violencia contra la mujer y los niños, niñas y adolescentes, el manejo y solución de conflictos y la investigación de los ilícitos penales de corrupción, criminalidad organizada, etc.; a lo que tanto aspira el pueblo dominicano, y por lo cual optó por un cambio de la mentalidad de la gobernanza desde el Gobierno Central, y disminuyendo el Presupuesto al MP, se limita la capacidad de respuesta, eficacia y eficiencia para poder brindar la cobertura y calidad de servicios de justicia a toda la ciudadanía y de manera prioritaria a poblaciones y zonas vulnerables.

Reducir el presupuesto implica mantener el estado ignominioso de los espacios laborales y los centros de reclusión penitenciaria, los cuales dependen, consumiendo más del 50% de ese pírrico presupuesto anual; además de no contar con el personal auxiliar, investigativo, peritos, técnicos, psicólogos, psiquiatras, médicos, requeridos para dar la atención a los casos de violencia contra la mujer, y por consiguiente eliminar del Plan de Violencia de la PGR la creación de Unidades de Atención a la Violencia de Genero Intrafamiliar y delitos Sexuales, provocando la revictimizacion y angustia social; significa también, continuar violando los derechos del personal del Ministerio Público, al cual, por más de 10 años, se le ha incumplido con el pago de los Bonos vacacionales, de desempeño y anual, mejorías en la seguridad social y falta de creación del plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones; un personal que lo que más merece es dignificación en su trabajo y un retiro laboral como lo tiene los jueces. Y que, al reducirle presupuesto al Ministerio Publico, como principal ejecutor y director de la Política Criminal del Estado, ponemos en riesgos, aun mas, el clima de seguridad ciudadana, y la ya disminuida confianza en la justicia, las autoridades de Policías,

Ministerio Público, y demás agencias del gobierno central, que aunamos esfuerzos para combatir la criminalidad.

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