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Santo Domingo, RD. — Diversas organizaciones sociales, ambientales, climáticas y de derechos humanos firmaron este lunes un Pacto por el Rescate de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con el objetivo de impulsar transformaciones estructurales que dignifiquen la vida del pueblo dominicano.
El acuerdo, presentado por el colectivo, establece un compromiso de trabajo conjunto para exigir una seguridad social inclusiva, salarios justos, derecho a un ambiente sano, acceso a energía limpia y asequible, así como políticas efectivas contra la discriminación. También aboga por mayor poder adquisitivo, mejoras en el sistema de salud y garantía de una educación pública de calidad.
Los voceros del pacto, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), y Euren Cuevas Medina. Los mismos afirmaron que las organizaciones firmantes asumirán un rol activo en la vigilancia, promoción y exigencia del cumplimiento de estos derechos fundamentales.
“Este pacto representa una voz colectiva en defensa de la dignidad humana y de los derechos que históricamente han sido vulnerados. Nos comprometemos a luchar por su aplicación real y efectiva”, expresaron los representantes durante el acto de firma.
Amplio respaldo institucional y social
Entre las entidades que rubricaron el acuerdo se encuentran la CNDH-RD, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Espacio por la Transparencia en la Industria Extractiva. También la organización ENTRE, la Coalición Ambiental del Este, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y la Red Afro, entre otras agrupaciones.
El pacto busca convertirse en una plataforma coordinada. La misma para promover acciones públicas, reformas legales, litigios estratégicos y propuestas comunitarias orientadas a garantizar derechos esenciales, especialmente en materia ambiental, social y económica.
Las organizaciones adelantaron que en los próximos meses desarrollarán una agenda nacional de incidencia, diálogos ciudadanos. También de acciones de monitoreo para asegurar que las demandas planteadas se traduzcan en políticas públicas concretas.
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