Finjus: Sistema nacional educativo va en retroceso

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus), manifestó preocupación ante el acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que reduce de un 70% a un 65% la calificación mínima necesaria para recibir un aumento salarial del 7%. La entidad considera que esta decisión representa “un gran desacierto” en el sistema educativo del país.

Mediante un comunicado, la institución argumentó que esta decisión, «desborda todo principio de razonabilidad para la salvaguarda del derecho constitucional a la educación«.

Además, mencionó que a pesar de la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria, la calidad continúa presentando deficiencias: «destinar fondos no es la única solución».

Finjus reconoce la legitimidad de las reivindicaciones de los docentes, pero sostiene que debe prevalecer la mejora en la prestación del servicio de educación. «Es inadmisible que como Estado, que siempre destacamos por ocupar los últimos puestos en los programas internacionales de evaluación estudiantil y docente, nos prestemos para consentir esta desafortunada práctica», señala el comunicado.

Finjus: «Se agravará la desigualdad entre estudiantes de escuelas públicas y privadas»

La entidad alerta que el acuerdo «afectará el rendimiento académico de los estudiantes y agravará la desigualdad entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas». Además, hace un llamado a las autoridades pertinentes a evaluar la eficacia de las acciones implementadas. También, a valorar la incorporación de normativas que faciliten un análisis detallado de los parámetros educativos.

Finjus concluye que “los vicios del sector educativo lesionan los logros sociales y los avances institucionales que el país ha conquistado” y que debe priorizarse el desarrollo integral para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El comunicado concluyó diciendo que «es necesario que se pondere la integración de reglamentaciones internas que aboquen examinar a profundidad los parámetros educativos sustanciales. Ello sólo se traduce en una desmejoría continua del desarrollo del Estado. Debe priorizarse el desarrollo armónico e integral para el sustento apropiado de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes».