La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la aprobación y puesta en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones Públicas constituye una reforma estructural clave para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la seguridad jurídica en el manejo de los recursos del Estado dominicano.
A través de un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad destacó que la contratación pública impacta directamente sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación, energía, turismo y telecomunicaciones, por lo que contar con un marco normativo moderno resulta esencial para el desarrollo económico y social del país.
Finjus explicó que la nueva legislación supera las debilidades de la antigua Ley 340-06, vigente por más de 18 años. La cual permitía prácticas como el fraccionamiento de contratos, la delegación irregular de competencias y un régimen de sanciones débil. Elementos que favorecían la discrecionalidad y distorsiones de tipo clientelista.
Le puede interesar
Reglas claras y estándares internacionales
En el comunicado explican que el nuevo marco introduce reglas claras alineadas con estándares internacionales de integridad pública. Entre los cambios más relevantes figura la prohibición expresa del fraccionamiento de procesos de compra, así como criterios estrictos para las declaratorias de urgencia y emergencia, eliminando vacíos legales que antes facilitaban contrataciones discrecionales.
Además, exponen que delimita con precisión las modalidades de contratación según monto y objeto, e incorpora principios obligatorios de planificación, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en todas las fases contractuales.
La normativa también fortalece institucionalmente a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), otorgándole mayores facultades técnicas y de fiscalización, junto a mecanismos de control interno, externo y social. La obligatoriedad de publicar los procesos y garantizar su trazabilidad tecnológica busca crear un sistema abierto y verificable por la ciudadanía.
Inclusión productiva y modernización administrativa
Un punto destacado por Finjus es el impulso a la inclusión productiva. La ley reserva un 30 % del presupuesto de compras para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), de cuyo total un 10 % estará destinado a empresas lideradas por mujeres, con el objetivo de promover equidad, dinamizar la economía y generar empleos.
Asimismo, introduce herramientas modernas como los acuerdos marco para compras recurrentes, lo que permitirá economías de escala, reducción de costos y mejor gestión administrativa. También regula de forma detallada la ejecución, modificación y terminación de los contratos, llenando vacíos históricos ante conflictos administrativos.
Finjus recordó que durante más de una década impulsó esta reforma mediante propuestas técnicas y espacios de diálogo multisectorial. Muchas de las cuales quedaron recogidas en la nueva ley.
Para la organización, esta no es solo una actualización legal, sino una apuesta estratégica por un Estado más íntegro, eficiente y orientado al desarrollo. Cuya correcta implementación marcará un antes y un después en la confianza ciudadana y en la gestión del gasto público en República Dominicana.
