SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FINJUS) consideró que la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de aceptar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que rechaza la redistribución de diputados por densidad poblacional, sin antes haber tomado acciones para recurrir la sentencia, “constituye una clara debilidad de nuestra normativa procesal administrativa y constitucional, en la forma de vacíos que impiden dar salida expedita a conflictos como el que nos ocupa”.
A través de un comunicado firmado por el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, la entidad de la sociedad civil dijo: “Por las atribuciones que el artículo 81 constitucional le confiere como órgano a quien corresponde organizar, dirigir y supervisar las elecciones, la Junta Central Electoral debería manifestar su oposición a esta decisión que refleja las insuficiencias de nuestra institucionalidad”.
Agregó que “De todas formas, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo muestra nuevamente las falencias en la independencia judicial y la grave influencia que el sistema de partidos políticos parece tener sobre el sistema judicial. Todo lo cual es sin lugar a dudas un escenario negativo para el ordenamiento constitucional dominicano, la democracia y el Estado Social y Democrático de Derecho”.
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