El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió sobre el incumplimiento, la ejecución tardía o la insuficiencia de decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional, situación que, a su juicio, representa una preocupación para el funcionamiento del Estado constitucional de derecho en República Dominicana.
Castaños Guzmán explicó que existen más de 100 decisiones del Tribunal Constitucional cuyo cumplimiento genera preocupación y recordó que algunas contemplan consecuencias económicas por cada día de retraso. También señaló que el nuevo Código Penal establece sanciones para los casos de desacato, por lo que, según sostuvo, existen mecanismos legales para exigir el cumplimiento de las decisiones de ese órgano.
El jurista puso como ejemplo más de 20 decisiones relacionadas con la Policía Nacional. En ellas, el Tribunal Constitucional ordenó reintegrar a personas separadas de la institución sin respetar, según determinó, el debido proceso. Consideró que la falta de ejecución de estos fallos evidencia problemas en el sistema institucional.
Estas declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, Canal 37, a las 10:00 de la noche.
Finjus plantea reformas para fortalecer la justicia
Castaños Guzmán también cuestionó que aún existan 46 leyes pendientes para desarrollar disposiciones de la Constitución de 2010. Señaló que la Carta Magna define a República Dominicana como un Estado social y democrático de derechos. Sin embargo, consideró que en la práctica persisten características de un Estado liberal por la falta de herramientas legales que garanticen plenamente la participación ciudadana.
Asimismo, planteó una segunda ola de reformas al sistema de justicia. Consideró agotadas algunas transformaciones institucionales y defendió una mayor independencia de los jueces. También propuso períodos determinados para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, sin evaluaciones posteriores.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus sostuvo además que el Tribunal Constitucional debe asumir un papel más activo para garantizar el cumplimiento de sus decisiones. También señaló que el Congreso Nacional debe ejercer efectivamente sus atribuciones de fiscalización y control.
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