Feminicidios evidencian fallas del Estado en protección a las mujeres

Defensoras de los derechos de la mujer y abogadas advierten que los asesinatos de más de 80 mujeres a manos de sus parejas o exparejas reflejan debilidades en la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género en República Dominicana.

Los feminicidios continúan generando preocupación en República Dominicana y reavivando los cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones. Instituciones estatales para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar protección efectiva a quienes denuncian agresiones. Defensoras de los derechos de la mujer y profesionales del derecho. Profesionales que consideran que los asesinatos de más de 80 mujeres a manos de sus parejas o exparejas constituyen una señal de las deficiencias que persisten en las políticas públicas destinadas a enfrentar este problema.

Los casos de Jocelyn Ceballo Matrillé, en San Juan de la Maguana, y Rosanny del Carmen Almonte Molina, en la provincia Valverde, cuyos asesinatos ocurrieron durante el pasado fin de semana, volvieron a colocar el tema en el centro del debate público y provocaron nuevos llamados a revisar los mecanismos de prevención y respuesta institucional.

Prevención y atención insuficientes

Para Nicole Pichardo, las políticas públicas dirigidas a combatir la violencia de género no están ofreciendo los resultados necesarios, debido a que, a su juicio, el Estado no ha colocado esta problemática entre sus prioridades. Considera que las acciones desarrolladas hasta el momento resultan insuficientes frente a la magnitud de los casos y la necesidad de proteger a las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo.

La defensora entiende que no basta con reaccionar después de que ocurre un feminicidio, sino que se requiere una intervención oportuna que permita identificar las amenazas, atender las denuncias y evitar que las agresiones escalen hasta consecuencias irreversibles. En ese sentido, plantea la necesidad de fortalecer las instituciones responsables de recibir las querellas y dar seguimiento a las víctimas.

Advierten sobre violencia institucional contra las víctimas

Obstáculos para obtener protección

Por su parte, la jurista Anny Guzmán considera que los organismos encargados de administrar justicia han descuidado su responsabilidad de proteger a las mujeres que buscan ayuda frente a situaciones de violencia. Asegura que algunas víctimas, en lugar de encontrar respuestas efectivas al acudir a las autoridades, terminan enfrentándose a obstáculos y situaciones que constituyen una forma de violencia institucional.

Esta situación, explica, puede profundizar la vulnerabilidad de quienes denuncian a sus agresores, especialmente cuando no reciben acompañamiento adecuado, protección o respuestas oportunas de las instituciones correspondientes.

Las profesionales coinciden en que las denuncias de violencia de género deben ser atendidas con seriedad, sin minimizar las amenazas ni desestimar los antecedentes de agresión. También consideran fundamental que exista coordinación entre las entidades responsables de investigar los casos, disponer medidas de protección y ofrecer asistencia legal y psicológica a las víctimas.