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Navarrete, Santiago.— La muerte de Joel de Jesús Rojas, alias “El Flaco”, ocurrida la noche del sábado durante un operativo policial en el sector Mejía, enfrenta dos versiones. La Policía sostiene que el hombre murió tras enfrentar a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), mientras sus familiares cuestionan las circunstancias del hecho y aseguran que fue ejecutado.
Yahaira Ramona Hernández, hermana de Rojas, dijo que su pariente tenía una audiencia en Mao el pasado lunes y que el martes acudió al Palacio de Justicia de Santiago para cumplir con la firma periódica por varios procesos pendientes. Por esa razón, cuestionó que no resultara detenido durante esas diligencias judiciales si, como sostiene la Policía, era buscado por las autoridades.
La mujer también rechazó que se tratara de un intercambio de disparos. Según explicó, la esposa de su hermano le contó que este dormía cuando se produjo la intervención policial. Asimismo dijo que su hijo pequeño se encontraba en la vivienda.
Padre de «El Flaco» reconoce pasado vinculado a actividades ilícitas
Por su parte, Juan Arismendy Hernández, padre del fallecido, pidió perdón a los residentes de Navarrete por los problemas que, según reconoció, su hijo habría causado.
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Durante sus declaraciones, también afirmó que Rojas estuvo involucrado en actividades relacionadas con las drogas y alegó que habría entregado dinero a agentes policiales.
El padre aseguró que su hijo había abandonado esas actividades hacía aproximadamente un mes. Indicó que este se dedicaba a reparar alambradas y realizar trabajos de electricidad.
La Policía Nacional informó que Rojas, de 31 años, figuraba como prófugo y tenía una orden de arresto vigente. Dijo que el operativo se realizó en la calle Brisa del Canal y que, según el informe preliminar, el hombre habría atacado a los agentes, quienes repelieron la agresión.
Añadió que a Rojas lo trasladaron a un centro de salud, donde murió mientras recibía atenciones médicas. En el lugar, los agentes ocuparon un revólver que, según la versión policial, habría utilizado contra la patrulla.
La institución sostiene que el fallecido tenía siete registros activos, seis denuncias ante el Ministerio Público y cuatro impedimentos de salida. También lo vinculó con presuntos atracos, despojos y robos en Navarrete, Villa González y Cotuí.
El cuerpo lo enviaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Las versiones contrapuestas sobre las circunstancias de su muerte deberán esclarecerse por las autoridades mediante la investigación correspondiente.
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