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Los pequeños negocios, profesionales independientes y trabajadores que ofrecen servicios por cuenta propia deberán incorporarse al sistema de facturación electrónica antes del vencimiento del plazo establecido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), o podrían enfrentar sanciones económicas y penales.
La advertencia la realizó la abogada y especialista en asuntos tributarios Marcia Romero, durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. En la misma explicó los alcances de la Ley 32-23 y las obligaciones que establece para los contribuyentes.
Romero indicó que, a partir del 16 de noviembre, la DGII tendrá habilitada su facultad sancionadora contra quienes no se hayan incorporado al sistema, luego de concluir la prórroga de seis meses otorgada a los pequeños contribuyentes, microempresas y personas no clasificadas.
La especialista explicó que las multas por incumplimiento pueden oscilar entre cinco y 30 salarios mínimos. También señaló que no enviar oportunamente los formatos requeridos podría generar sanciones equivalentes al 0.25 % del impuesto liquidado durante el ejercicio fiscal anterior.
Asimismo, advirtió que la legislación contempla penas de prisión de uno a cinco años para determinados casos de defraudación tributaria. También establece sanciones de cinco a diez años para quienes incurran en conductas delictivas relacionadas con la vulneración de los sistemas tecnológicos de facturación.
Colmados, salones de belleza y trabajadores independientes deberán facturar
Durante la conversación, Romero aclaró que la obligación no se limita a las grandes empresas, sino que alcanza a personas físicas y jurídicas que vendan bienes o presten servicios.
Entre los sectores mencionados figuran colmados, salones de belleza, ferreterías, plomeros, electricistas, abogados, médicos, ingenieros, periodistas e influencers que desarrollen actividades económicas por cuenta propia.
No obstante, precisó que los trabajadores asalariados están exentos de incorporarse al sistema, debido a que prestan servicios bajo una relación de dependencia.
La abogada también explicó que los pequeños contribuyentes pueden utilizar el facturador gratuito de la DGII, una herramienta que permite emitir comprobantes fiscales electrónicos sin adquirir inicialmente un programa privado.
Esta modalidad está disponible para quienes emitan hasta 150 facturas mensuales. Quienes superen ese volumen deberán contratar los servicios de proveedores tecnológicos autorizados por la administración tributaria.
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Advierte sobre costos adicionales y requisitos tecnológicos
Romero señaló que, aunque existe una plataforma gratuita, la implementación de la facturación electrónica puede representar gastos relacionados con la capacitación del personal, conectividad a internet, adquisición de sistemas y renovación del certificado digital.
Indicó que este último funciona como una firma electrónica para validar los comprobantes. Según las informaciones que ha consultado, su renovación podría costar alrededor de RD$2,000.
También llamó la atención sobre la importancia de conservar la contraseña del certificado digital, debido a que, según explicó, si el usuario la olvida tendría que gestionar uno nuevo.
Sobre las fallas de electricidad o conectividad, explicó que la normativa contempla mecanismos de contingencia. En determinados casos, los contribuyentes podrán remitir los comprobantes pendientes dentro de las 72 horas posteriores al restablecimiento de la conexión.
La especialista recomendó a los contribuyentes que todavía no han completado el proceso iniciar cuanto antes su incorporación para evitar inconvenientes con la administración tributaria.
