Expertos ponen nota a la justicia dominicana y señalan sus fallas

La justicia dominicana ha mejorado en institucionalidad, formación y tecnología, pero aún arrastra problemas graves de lentitud, alto costo y desigualdad en el acceso, coincidieron el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el abogado penalista Miguel Valerio y el jurista Francisco Álvarez Martínez.

Los tres participaron en el tercer programa de “Balance: 16 miradas para el 16”, especial de CDN que revisa distintos sectores del país cuando el Gobierno del presidente Luis Abinader se aproxima a cumplir seis años.

El episodio estuvo dedicado a una pregunta central: si un ciudadano común necesita justicia, ¿la encontrará a tiempo y en igualdad de condiciones?

Evaluación del sistema

Peralta otorgó 7 puntos sobre 10 a la justicia dominicana. Valerio le dio 8 y Álvarez Martínez 7.5. Los tres reconocieron avances respecto a décadas anteriores, especialmente en profesionalización, independencia, tecnología y formación judicial.

Peralta recordó que en el pasado los jueces eran designados bajo fuertes influencias políticas. Valerio resaltó la Escuela Nacional de la Judicatura y la justicia virtual. Álvarez Martínez señaló que las herramientas tecnológicas y las reformas en marcha podrían producir mejoras importantes.

El diagnóstico fue más crítico cuando el debate abordó la experiencia cotidiana del ciudadano. Peralta afirmó que “la justicia aquí es lenta y es cara”. Valerio explicó que litigar implica costos de transporte, tiempo, representación legal y capacidad económica para sostener un proceso. Álvarez Martínez advirtió que no enfrenta igual el sistema quien puede pagar una defensa robusta que quien depende de opciones limitadas.

Prisión preventiva

El uso excesivo de la prisión preventiva fue otro punto de preocupación. Valerio sostuvo que en el país “se cae preso preventivo por cualquier cosa” y alertó sobre los costos para el Estado cuando una persona permanece detenida durante largo tiempo y luego no resulta condenada.

Álvarez Martínez estimó que entre 60 % y 70 % de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva y consideró que ese dato evidencia una falla profunda del sistema.

Peralta coincidió en que la medida debe ser excepcional y no depender únicamente de la gravedad del hecho atribuido.

Corrupción, Código Penal e independencia

Los expertos también advirtieron que grandes expedientes de corrupción podrían terminar extinguidos si el sistema no logra juzgarlos dentro de plazos razonables.

Valerio recordó el derecho constitucional a una justicia pronta, mientras Álvarez Martínez cuestionó la extensión de algunas acusaciones y la sobreabundancia probatoria. Peralta reconoció que esos procesos pueden tener repercusiones políticas, aunque recordó que el Ministerio Público ya no depende directamente del presidente.

Sobre el nuevo Código Penal, Valerio lo calificó con 9 sobre 10, Álvarez Martínez cuestionó su socialización y Peralta descartó que constituya una amenaza a la libertad de expresión, aunque admitió que podría requerir ajustes.

En cuanto al Ministerio de Justicia, Peralta explicó que busca concentrar funciones del Poder Ejecutivo antes dispersas. Valerio consideró que debe definir la política criminal del Estado y Álvarez Martínez lo valoró como una oportunidad para acercar la justicia al ciudadano.

Al cierre, los participantes coincidieron en que la justicia dominicana está en transición. Ha avanzado, pero su gran prueba sigue siendo ofrecer respuestas oportunas, accesibles y confiables para todos los ciudadanos.