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Santo Domingo. El experto en temas de fraudes y antilavado de activos, Emerson Díaz Cabral, afirmó que identificar correctamente al beneficiario final es una de las herramientas más importantes para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas que pueden ocultarse detrás de estructuras corporativas complejas.
Durante su cápsula informativa, explicó que aún persisten numerosos mitos sobre esta figura, lo que dificulta su correcta identificación y el cumplimiento de las normas de prevención. Señaló que el beneficiario final no siempre es el accionista que aparece en los documentos oficiales, sino la persona física que ejerce el control real o recibe el beneficio económico de una empresa, incluso cuando actúa a través de sociedades, fideicomisos u otros mecanismos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una cápsula educativa y de orientación en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.
La importancia de identificar al beneficiario final
Díaz Cabral explicó que otro error frecuente es creer que las grandes empresas o multinacionales están exentas de identificar a su beneficiario final. Añadió que todas las organizaciones deben cumplir esta obligación y conocer quién ejerce realmente el control, sin importar su tamaño o estructura.
Asimismo, precisó que el beneficiario final no siempre es quien firma contratos o representa legalmente a una compañía. Explicó que esa función puede recaer en un apoderado, mientras el verdadero beneficiario toma las decisiones estratégicas o recibe los beneficios económicos de la entidad.
El especialista destacó que la identificación del beneficiario final debe formar parte de un proceso permanente de debida diligencia. Agregó que el control de una empresa no siempre depende del porcentaje de acciones, sino que también puede ejercerse mediante acuerdos privados o influencia decisoria.
Finalmente, sostuvo que conocer quién está realmente detrás de una organización fortalece la transparencia y protege la reputación de las empresas. Además, contribuye al cumplimiento de los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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