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Santo Domingo, RD.- La trata de personas sigue vulnerando los derechos de niñas y adolescentes dominicanas y de otras nacionalidades principalmente en municipios de las zonas turísticas.
Esto obliga a la formulación de políticas efectivas de combate que hagan frente a esa forma de esclavitud y proteja las víctimas de ese crimen.
Sin embargo en el país no hay registro un oficial de cifras que evidencien la realidad sobre ese mal.
Al presentar los resultados de un estudio sobre Trata de Personas en la República Dominicana, Participación Ciudadana destacó que durante la pandemia la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes aumentó.
El estudio, realizado en 11 municipios del país, reflejó la realidad de la problemática vinculada a la pobreza, desigualdad, la violencia, corrupción y otros factores.
La investigación se realizó en Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.
Asimismo en el informe, el movimiento cívico señaló que la debilidad en la judicialización de eso casos afecta la prevención y detección en la persecución de ese delito.
La Ley 137-03 sobre Tráfico y Trata de Personas del 2003 establece penas de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos, al autor del delito de tráfico ilícito de migrantes.
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