- Los datos utilizados en esta investigación fue recibido tras realizar una solicitud de información pública a la Contraloría General de la República.
Santo Domingo, RD.- Una investigación realizada por Reporte Especial con Julissa Céspedes reveló que el Estado dominicano ha pagado más de 10 mil millones de pesos en las últimas décadas por concepto de alquiler y arrendamiento de locales, casas, y apartamentos, sin contabilizar el pago en monedas extranjeras. Se ha hecho a través de procesos sin selección, ni competencia, en su gran mayoría.
Esto podría ser un talón de Aquiles en la eficientización del gasto público, o un mar donde navega la corrupción.
Desde el año 2000 al 2023 la cantidad de dinero que el Estado ha destinado al pago de alquileres y arrendamientos supera los 10 mil millones de pesos. Solo incluye los montos desembolsados en pesos dominicanos y dólares.
La historia cambia cuando se incluye euros, pesos chilenos y monedas de otras denominaciones. La danza de millones es muy muy alta, conforme los libramientos de pagos realizados por la Contraloría.
Siguiendo el rastro del dinero público
El Reporte Especial dio seguimiento al dinero que se destina por concepto de alquiler del presupuesto de Estado, y analizó los contratos que se han firmado comprometiendo presupuestos futuros que superan diez años. Concluyó que el Estado gastará al menos 17 mil millones de pesos por este concepto. Esa cantidad solo refleja los valores contabilizados en moneda dominicana y en dólares. Este último con un costo de 50 X 1. Esa cantidad astronómica no incluye el histórico y futuro de los pagos en moneda de otras denominaciones. Más de 107 mil libras esterlinas, 328 millones que no tienen denominaciones, siete millones de euros, 721 mil coronas suecas, seis millones de dinero ruso, entre otros.
Las que más dinero gastan en alquiler
El ranking de las instituciones que más dinero han destinado o destinarán por concepto de alquiler o arrendamiento lo encabeza la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). Más de 2,213 millones de pesos.
Le sigue el Ministerio de Educación. Más de 1,900 millones de pesos. El Ministerio de Turismo, con más de 616 millones de pesos. Interior y Policía, con más de 494 millones de pesos. Y lo cierra el INAIPI, con 464 millones de pesos.
Históricamente, la institución pública que más ha pagado o pagará por arrendamientos es la OGTIC. Por ejemplo, en un periodo de 18 años, esta prevé gastar más de 2,193 millones por concepto de alquiler.
A través de compras directas, en el año 2015, la OGTIC arrendó, hasta el 2017, dos espacios en el Parque Cibernético de Santo Domingo. Le costó en promedio más de siete millones de pesos. Luego, del 2017 y hasta el 2019, alquilaron un almacén por más de 188 millones pesos.
En el año 2019 firmaron un contrato que terminará en el 2024 para una Oficina de Servicios Gubernamentales en Colinas Mall. Un precio de 25 millones 638 mil pesos. En septiembre del 2020 firmaron un contrato para el alquiler de dos locales comerciales en Megacentro, que aloja el Centro de Atención al Ciudadano. El convenio pautado para terminar en agosto del 2022 significó un costo para el Estado de más de 33 millones de pesos.
A través de un proceso de compras directas, es decir, sin las regulaciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones, la OGTIC arrendó dos edificios en el año 2021. El primero fue un local en Sambil, que les costará a Estado 74 millones de pesos permanecer por cinco años ahí. El segundo también fue firmado para el mismo periodo. Por este se pagará el alojamiento de oficinas administrativas a un monto de 238 millones 950 mil pesos. Casi cuatro millones de pesos mensuales por una duración de 60 meses.
Posteriormente, tras celebrar procesos de excepción en junio del 2022, la OGTIC adjudicó a la empresa Chez Space casi 12 millones de pesos por el alquiler de un espacio para realizar trabajos institucionales por un periodo de 6 meses. Asimismo, el Punto GOB de Santiago le costará a la OGTIC 146 millones de pesos. Por un periodo de cinco años, tras haber firmado un contrato de alquiler a finales del 2020 con el Grupo Ramos para instalar sus oficinas en La Sirena.
En enero del 2023 la OGTIC volvió a firmar un convenio. Esta vez con la empresa Promotora de Proyectos Metropolitano para la apertura de un Punto GOB en Santo Domingo Oeste. El contrato, que tendrá un tiempo de duración de al menos cinco años, establece que el monto a pagar por ese periodo asciende a 223 millones 937 mil 882 pesos. Serán más de 44 millones de pesos al año, y casi cuatro millones de pesos mensuales
Como si fuera poco, la OGTIC cambiará su sede principal. Le costará a los contribuyentes por cada hora 16,428. El contrato se firmó en enero de este año y se extenderá hasta el año 2033. Unas 90 mil horas.
La sede principal de la OGTIC consta de 5 pisos que tienen una extensión total de 3,927 metros. El beneficiario de este contrato es Inmobiliaria Reservas, quien resultó adjudicado con 1,440 millones 331 mil 299 pesos. Solo por concepto de mantenimiento se pagará 1 millón 251 mil pesos.
Y también el Ministerio de Educación
La OGTIC no es la única institución que cuenta con gastos exorbitantes en alquiler. En esta lista figura el Ministerio de Educación. De acuerdo con el presupuesto del año 2023, esta entidad gubernamental tiene pautado gastar por este concepto 3,040 millones de pesos. El 1% de presupuesto de la institución que más fondo recibe del Estado.
Educación está pagando 5 millones 280 mil pesos por concepto de alquiler de una mejora ubicada en La Guáyiga. Esto un espacio para alojar una extensión de las escuelas Josefa Colón, Alba Luz Castilla Díaz, Francisco Del Rosario. Este proceso se hizo a través de una compra directa tramitada en el año 2022. Y permanecerá hasta diciembre de este año.
En el periodo 2013-2014, el Ministerio de Educación firmó al menos 6 contratos de alquiler de inmuebles en torres y apartamentos para alojar funcionarios. Desembolsó en total casi cuatro millones de pesos.
Uno de los arrendamientos corresponde a un apartamento en la Torre Amelia Cristina IV. Allí se alojaría al Viceministro Administrativo de Educación de esa época, que era Antonio de Jesús Peña Miraba. En ese momento devengaba un salario de 205 mil pesos mensuales. El costo de este vivir ahí por un año ascendió a los 642 mil pesos. Unos 53 mil pesos mensuales. De igual manera, el arrendamiento de un apartamento amueblado en la Torre G-34 para el Coordinador de la Unidad de Fiscalización. Por ese alquiler se pagó 600 mil pesos en un año.
También fue beneficiado con un puesto en el Estado, y con el pago de su alquiler, el director de la Unidad de Ejecución de Obras. El apartamento, ubicado en la Benigno Filomeno Rojas casi esquina Máximo Gómez, significó un gasto de 566 mil pesos en un año.
En el 2019 también se arrendó una residencia por un año. El concepto era alojar al ministro que para esa fecha era Andrés Navarro. Por este servicio se pagó con el dinero de los contribuyentes 800 mil pesos. Unos 66 mil pesos mensuales. En el 2021 se rentó un apartamento amueblado en la Torre Escorial, en Gazcue, del 2021 al 2022 por un precio de 625 mil pesos. Unos 52 mil pesos mensuales.
Al parecer en Educación es una costumbre selectiva costear los costos de alojamiento de sus funcionarios. En abril del 2019 se contrataron los servicios de un inmueble para alojar al que en ese momento era el director administrativo, Jorge Luis Moronta Pérez. A pesar de que ganaba un salario de 180 mil pesos, le alquilaron una residencia con un costo de 55 mil pesos mensuales, 660 mil al año
Desde 2017 hasta el 2018 la institución que crea las políticas educativas destinó un millón 680 mil pesos por concepto de pago de alquiler de las oficinas que serían utilizadas para las instalaciones de las oficinas del Despacho de la primera dama.
