Santo Domingo, RD.- La jueza de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanesa Acosta, decidió enviar a juicio de fondo al diputado de Santiago, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gregorio Domínguez (Fausto), a quien le imputan invasión de terrenos y destrucción de una propiedad privada.
La magistrada encontró méritos suficientes para sustentar en juicio de fondo la acusación que presentaron el Ministerio Público y los abogados representantes de la víctima.
El proceso se discutirá a fondo en un juicio donde se determinará si realmente el congresista es culpable de los cargos que se les imputan.
El auto de envío a juicio de fondo, será para que responda por las imputaciones de desalojo ilegal; en violación a los artículos 24 y 25 de la ley 396-19 sobre uso de Fuerza Pública.
También, violación a los artículos 1 y 2 de la ley sobre destrucción de propiedad privada; violación al artículo 1 y 2 de la ley 5869 sobre violación de propiedad privada, rechazando la jueza la solicitud de imposición de medidas de coerción.
El diputado Gregorio Domínguez, podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión por desalojo ilegal.
Son reiteradas las denuncias de desalojos, abusos , golpes heridas y destrucción de otras propiedades en las comunidades de Punta Rucia y la playa la Ensenada atribuidas al diputado.
En Punta Rucia se denunci la existencia de una mafia dedicada a despojar de casas y propiedades a sus dueños; por lo que se estima que este caso tambien sera conocido en Puerto Plata contra la esposa del diputado la abogada Judit Idalissa Nuñez Guzman y su empleado Basilio Catalino Martinez alias Jaime.
La Segunda Sala de la SCJ, debera fijar fecha para conocer juicio final.
La versión del diputado Fausto Domínguez
Durante una audiencia la semana pasada el congresista presentó pruebas y testimonios para demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada; como señala el Ministerio Público, y que por el contrario es el legítimo dueño de los terrenos por los cuales ha sido enjuiciado.
En la audiencia, los abogados del congresista solicitaron a la jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta, dictar un auto de no ha lugar; es decir, poner fin a la acusación por no existir pruebas que sustenten la acusación del Ministerio Público; también, a la acusación particular que presentó la parte privada agraviada.
