SANTIAGO.- Miembros del Consejo Empresarial Fronterizo y organizaciones comunitarias manifestaron su rechazo al proyecto de reforma fiscal que impulsa el Gobierno, y abogaron por el mantenimiento de los incentivos de la Ley 12-21 de desarrollo fronterizo.
Los ejecutivos de las empresas establecidas en la zona fronteriza consideraron como dañino el que ambos incentivos fiscales se eliminen o se condicionen en el proyecto de reforma fiscal introducido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.
Los empresarios presentaron un documento donde expresan que con la limitación y eliminación de la Ley 12-21 de desarrollo fronterizo de la ley 158-01 que establece incentivos a los polos turísticos emergentes, se estaría contradiciendo el precepto constitucional que consigna como prioridad el desarrollo de esa zona.
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“De acuerdo a lo que se ha publicado, el Proyecto De Modernización Fiscal además de mutilar los incentivos a las empresas fronterizas, condicionan esos beneficios a que se presenten una inversión de 5 millones de dólares en activos fijos despreciables y más de 50 o en algunos casos dicen que 100 empleos directos, con lo cual se estaría excluyendo a las medianas y pequeñas empresas que son la gran mayoría de las establecidas y por establecer en la zona fronteriza”, explicaron.
Expresan que actualmente hay 56 empresas grandes, medianas y pequeñas que están acogidas a esa ley. Misma que ha creado más de 10,000 empleos directos y decenas de otras empresas asociadas que solicitan acogerse a esa misma ley.
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¿Qué propone la oposición ante la reforma fiscal de Abinader?
Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), propuso al Gobierno retirar el proyecto de reforma fiscal presentado en el Congreso Nacional. Sin embargo, esta propuesta surge casi como la única alternativa propuesta por la oposición hasta el momento.
En su lugar, sugirió convocar al Consejo Económico y Social (CES) para alcanzar un pacto fiscal basado en el diálogo y la equidad.
Desde su cuenta en X (anteriormente Twitter), Vargas criticó el manejo económico del gobierno. Este acusó al presidente Abinader de despilfarrar los recursos del Estado. Así como acumular una deuda superior a 42 mil millones de dólares durante su primer mandato.
Para Vargas, este manejo financiero ha precipitado la necesidad de una reforma tributaria que contradice los principios de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
