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Empleada acusa al Inposdom de desacatar sentencia de la Suprema Corte que ordena su reintegro

Haidy Ivanova Martínez Gómez acusó al Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y a su director general, Erick Guzmán Núñez, de incumplir una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia que ordena su reintegro a la institución y el pago de los salarios dejados de percibir tras su desvinculación. Martínez Gómez explicó que la sentencia núm. […]

Haidy Ivanova Martínez Gómez acusó al Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y a su director general, Erick Guzmán Núñez, de incumplir una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia que ordena su reintegro a la institución y el pago de los salarios dejados de percibir tras su desvinculación.

Martínez Gómez explicó que la sentencia núm. SCJ-TS-26-1193, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ratificó la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que dispuso su reincorporación al cargo al considerar irregular su desvinculación.

La decisión judicial también ordena el pago íntegro de los salarios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación.

La afectada sostiene que, pese al carácter definitivo de la sentencia, el Inposdom y su director han mantenido una actitud de silencio y resistencia frente a su ejecución.

Martínez Gómez afirmó que esta situación vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. También al debido proceso, además de comprometer, según su planteamiento, la responsabilidad patrimonial de la institución y de quienes resulten responsables del incumplimiento.

Llama al presidente Abinader a intervenir

La empleada consideró que lo más preocupante de las acusaciones realizadas por el director del Inposdom es que estas podrían afectar la imagen del Gobierno. También del presidente de la República, Luis Abinader.

A su juicio, la negativa a ejecutar una decisión judicial firme constituye un precedente negativo para la institucionalidad dominicana.

Por esta razón, hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades correspondientes para que intervengan y garanticen el cumplimiento de la sentencia.

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