Santo Domingo.- Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, expresó que “el gran reto de la judicatura dominicana es tener una justicia al día que garantice la dignidad de las personas”.
A confesión de parte, relevo de prueba, el sistema de justicia dominicano continúa siendo un laberinto para quienes más lo necesitan. Largo, complejo y muchas veces inalcanzable para quienes no cuentan con recursos ni conocimientos legales. Son ellos, los más vulnerables, quienes protagonizan a diario las escenas más dramáticas, justo en el mismo lugar donde deberían encontrar esperanza.
Dionicia Placencia, víctima, dijo que el hecho de no tener una respuesta inmediata, ya de por sí, trae como consecuencia frustración ante el sistema de justicia. “Mi mirada parece perderse en el horizonte”, agregó.
Aún no asimila que su hija de siete años fue torturada hasta morir por la hermana de su madre y el esposo de esta, quienes habían prometido ayudarle a darle una mejor vida. “Cuando ingreso al salón de audiencias como víctima, veré la cara de los verdugos de mi hija”, dijo. Sin embargo, apenas diez minutos después, el juez dictó el tercer aplazamiento.
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Afuera del tribunal
Stephanie Coronado, afuera del tribunal y quien apenas se ha recuperado de un accidente de tránsito, se desplomó. “No puedo con la idea de que quienes le arrebataron la vida a mi hija intenten burlar la justicia con los constantes aplazamientos que el juez de la Oficina de Atención Permanente acoge sin demora. ¡Lejaron a Inosa!”, expresó entre lágrimas.
Arisleyda Coronado, abuela de la víctima, dijo: “El corazón a mí me duele. Yo quería que me lo hicieran a mí, que me mordieran, me pichicaran, me mataran a mí. Dios, Dios, ¿cómo es que trabajan aquí, bendito Dios? ¿Por qué la aplazan otra vez? ¿Por qué?” El drama se repite en el interior de los tribunales.
Ante la suspensión del juicio contra el acusado de la muerte y desmembramiento de su hermana, Yeisy Carolina Quinto lanzó su zapato contra el acusado. “El juicio acaba de perder la inmediación y debe iniciar desde cero debido a los constantes cambios de abogados del agresor y su negativa a ser representado por un defensor público”, dijo.
Kerlin Alcántara, madre de Kylie Naomi Rosa, una niña de nueve años que murió al recibir un impacto de bala, dijo: “Espero impaciente la audiencia para determinar si existen pruebas para enviar a juicio a los responsables. En el intento han pasado siete audiencias”. Tras cinco horas de espera, el caso fue postergado nuevamente y regresó frustrada al banco donde antes esperaba.
Estructura criminal
Desde hace más de un año, Ángela Almanzar y otras decenas de víctimas viajan desde distintos países para participar en el proceso penal que se sigue a una estructura criminal que les estafó con cientos de miles de dólares bajo la falsa promesa de ventas de apartamentos. Almanzar dijo que la experiencia en los tribunales ha sido “tan agotadora como decepcionante”.
“Realmente vengo de emergencia cada vez que hay audiencia, gastando mi dinero; estoy afectada con 25 mil dólares. Nos citan para las 9 de la mañana y llegamos a esa hora, y nos tienen aquí hasta las 4 de la tarde y todavía no ha empezado el caso. En este momento estoy sumamente indispuesta con la justicia del país. Por eso la gente se desespera y no vuelve”, expresó.
Los recesos y aplazamientos no distinguen. Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, recorre una y otra vez los mismos pasillos del Palacio de Justicia del Distrito Nacional y, en más de una ocasión, termina descendiendo sin respuestas las mismas escalinatas que ciudadanos ordinarios, consciente de lo dilatado que puede resultar el proceso.
“Yo, que estoy reclamando mi derecho a justicia, voy a venir cada vez”, dijo Farideh Raful. “Ya hoy decía con mucha lógica que por eso la gente se desespera y no vuelve”.
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“Pero yo no me voy a desesperar, voy a venir a cada audiencia. Otros vendrán de nuevo el día 29 a las 2 de la tarde. En muchas ocasiones no logramos que se retribuya”, expresó Miguel Valerio, abogado.
No se pierda mañana: ¿qué dirá la fiscal del Distrito y los abogados penalistas sobre los aplazamientos? ¿Son herramientas de preservación de derechos o estrategia de dilación?