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El 5 de junio, jueza decide si envía a juicio de fondo a implicados en caso Intrant

Para las 9 de la mañana de ese día, la magistrada dará a conocer si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario Jochy Gómez y los también imputados Frank Antilano Díaz, Samuel Gregorio Vaquero, Pedro Inició Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.

Santo Domingo, República Dominicana. – La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se reservó para el 5 de junio la lectura del fallo de la audiencia preliminar en el caso por presunta corrupción administrativa denominado Camaleón.

Para las 9 de la mañana de ese día, la magistrada dará a conocer si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario Jochy Gómez y los también imputados Frank Antilano Díaz, Samuel Gregorio Vaquero, Pedro Inició Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.

El caso se relaciona con una presunta estafa de mil 300 millones de pesos contra el Estado, mediante un contrato entre su empresa Transcore Latam y el Intrant, durante la gestión de Hugo Beras.

Proceso judicial

Este proceso judicial ha generado gran atención pública. Una atención debido a la magnitud de los montos involucrados y a la relevancia de las personas señaladas en el expediente. Durante la audiencia preliminar, el tribunal ha evaluado las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Además, los argumentos de la defensa de cada uno de los imputados.

La decisión emitida el 5 de junio marcará un punto clave en el desarrollo del caso, ya que determinará si existen suficientes elementos de prueba. Elementos para que el expediente pase a la etapa de juicio de fondo. En la etapa de jucio se conocerían de manera más amplia los detalles de las acusaciones y las responsabilidades penales correspondientes.

Asimismo, el caso Camaleón se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades por perseguir y sancionar actos de corrupción administrativa. Esto en especial aquellos relacionados con la contratación pública y el manejo de fondos estatales. La expectativa en torno a este proceso continúa en aumento a medida que se acerca la fecha fijada para la decisión judicial.

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