Ejecutan extradición de ciudadano dominicano requerido por delitos internacionales

La Policía Nacional, a través de la OCN-Interpol Santo Domingo, en coordinación con la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), llevó a cabo la extradición de un ciudadano dominicano requerido por las autoridades judiciales de Italia por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas agravado, crimen transnacional y complicidad con otros.

El extraditado, Pascasio Bueno Rosario, de 45 años, fue entregado en cumplimiento del decreto administrativo No. 6-25. Mismo emitido el 9 de enero de 2025, y en respuesta a la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional.

La entrega se efectuó a una comisión de oficiales de la OCN-INTERPOL Roma, Italia, quienes se encargaron de su custodia durante el traslado.

Con esta acción, la Policía Nacional refuerza su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Gobierno RD aprueba extradición a España e Italia de dos dominicanos por diversos delitos

El presidente de la República, Luis Abinader, firmó el decreto 4-25 mediante el cual se autoriza la extradición del dominicano Carlos Ariel Díaz Morales al Reino de España.

La solicitud de extradición responde a los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas, según lo establecido en el Código Penal Español.

La extradición la solicitó de manera formal el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona. Esto, a través de una nota verbal enviada el pasado 6 de septiembre de 2024 por la Embajada de España en Santo Domingo. Según las autoridades, Díaz Morales aceptó voluntariamente el trámite simplificado durante una audiencia. Misma celebrada en noviembre de 2024 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

El decreto presidencial, fundamentado en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial entre ambos países, especifica que Díaz Morales será juzgado exclusivamente por los delitos mencionados en la solicitud. Además, se establece como condición que no se le aplicará una pena mayor a la máxima establecida por la legislación dominicana. Tampoco la pena de muerte, incluso en caso de que se encuentre culpable.

La Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración serán las entidades encargadas de ejecutar la entrega del imputado al Reino de España.