Ecored advierte que modificación a Ley de Residuos Sólidos abre paso a monopolios y pone en riesgo a las MiPymes

La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) expresó su profunda preocupación ante la aprobación en única lectura, por parte del Senado de la República, del proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la pieza legislativa representa un retroceso en materia de sostenibilidad, gobernanza ambiental y economía circular en el país.

Durante un encuentro celebrado en la Torre AIRD, encabezado por la presidenta de Ecored, Cristal Luciano, la organización instó al Poder Ejecutivo a revisar detenidamente el proyecto antes de su promulgación, advirtiendo que la reforma podría generar impactos negativos para la institucionalidad y la participación del sector privado, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

“La ley aprobada debilita pilares fundamentales de la economía circular, abre la puerta a monopolios funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios técnicos ni financieros que las sustenten”, afirmó Luciano. Agregó que uno de los aspectos más críticos es la implementación de un esquema de contribución basado exclusivamente en los ingresos brutos, sin tomar en cuenta la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos de valorización, lo que penalizaría injustamente a las MiPymes con incrementos de hasta un 3,000% en sus aportes.

Riesgo de conflictos

Ecored también alertó sobre el riesgo de conflictos de interés derivados de la incorporación de la Asociación de Gestores en el Consejo del Fideicomiso DO Sostenible, señalando que permitir a actores con interés económico directo participar en la toma de decisiones vulnera la transparencia y la institucionalidad del sistema.

Otro de los puntos señalados fue la posibilidad de establecer monopolios mediante renovaciones automáticas de contratos por 10 años y la exclusividad otorgada a ciertos operadores, lo que limita la libre competencia y obstaculiza la entrada de nuevos emprendimientos. A esto se suma la ausencia de licitación pública para la asignación de contratos clave, como los relativos a estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización.

Luciano lamentó que, a pesar de la participación activa de Ecored en espacios de consulta técnica con el Congreso Nacional a lo largo de 2025, muchas de sus recomendaciones no fueron acogidas.

Entre las propuestas aún pendientes, Ecored y representantes del sector productivo sugieren:

• Que la contribución especial esté sustentada en estudios financieros y se base en los ingresos netos, no en los ingresos brutos.
• Que se implementen mecanismos de contratación abiertos y competitivos, conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
• Que los contratos de operación entre el fideicomiso y los gestores autorizados tengan una vigencia de tres a cinco años, en lugar de diez.
• Que se establezcan mecanismos de veeduría multisectorial, con participación de la academia, organizaciones sociales y el sector privado, para garantizar transparencia en los procesos de asignación de permisos y contratos.
• Que se promueva activamente la valorización, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos como ejes del desarrollo sostenible y la transformación industrial.
• Que se incluya un representante de Codopyme en el Consejo del Fideicomiso, para asegurar la representación de las MiPymes.

En el encuentro participaron también representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona).

Cristal Luciano reiteró que la posición de Ecored no busca confrontación, sino advertir de forma responsable sobre los riesgos de una legislación deficiente. “El país necesita una ley moderna, técnicamente sólida y socialmente justa, que fortalezca la economía circular, promueva la libre competencia y garantice una gestión ambientalmente responsable. Aún estamos a tiempo de hacer las correcciones necesarias”, concluyó.