El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Thomas, defendió este miércoles las sanciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en contra del Central Romana Corporation, al considerar que la empresa tiene un “largo y desafortunado historial” de no dar a sus trabajadores el trato que merecen.
El diplomático afirmó que las acciones de Central Romana incluyen, entre otras, la creación de duras condiciones laborales, oferta de viviendas inadecuadas para los trabajadores, oferta de salarios extremadamente bajos, establecimiento de limitaciones a los movimientos de los trabajadores, dejándolos en un estado de aislamiento y provocando el miedo a represalias por denunciar.
Señaló que las agencias gubernamentales estadounidenses, así como los líderes de la sociedad civil, han debatido públicamente la preocupante situación de esta empresa durante muchos años. Sin embargo, algunas de nuestras preocupaciones fundamentales siguen sin resolverse. Ahora la empresa tendrá que rendir cuentas.
Recordó que a partir de este miércoles 23 de noviembre, el gobierno estadounidense, a través de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo, ha prohibido la importación de azúcar de Central Romana a los Estados Unidos.
Se mostró confiado en que la medida conduzca a mejores condiciones para los trabajadores y a un ambiente de competencia más fuerte para las muchas empresas que sí tratan a sus trabajadores de manera justa.
Dispuestos a trabajar con Central Romana
En este sentido, dijo que están dispuestos a trabajar con la empresa si decide tomar un camino diferente, al tiempo de señalar que todos los trabajadores merecen un trato justo. “Las empresas, sí defienden condiciones laborales justas no deberían tener que competir con las que no lo hacen”.
El diplomático expresó que los dominicanos les han dejado claro que creen que todos los trabajadores merecen un trato justo, y la actual legislación laboral dominicana ya lo exige.
Puntualizó que, en el marco del acuerdo comercial DR-CAFTA, tanto la República Dominicana como Estados Unidos se comprometieron a la plena aplicación de nuestras leyes laborales.
“Con esta acción, estamos haciendo cumplir las nuestras, incluso cuando se trata de una empresa estadounidense. No estamos eludiendo nuestras propias responsabilidades: importar productos a Estados Unidos que se fabrican con trabajo forzoso va en contra de nuestros valores, y de nuestras leyes, y también va en contra de las leyes y los valores de la República Dominicana”, expuso.
Sostuvo que trabajan estrechamente con el gobierno dominicano en cuestiones laborales. “Y seguiremos haciéndolo. Tenemos una fuerte colaboración con el Ministerio de Trabajo, y estamos proporcionando asistencia técnica al Ministerio para ayudar a aumentar su capacidad de implementación del código labora”, añadió.
Y, prosiguió: Pero seamos claros: esta acción no tiene que ver con el papel del gobierno. La ejecución gubernamental es la última herramienta. Se trata del papel del empresario privado de cumplir con la legislación laboral que ya exige un trato justo para los trabajadores”.
Finalmente, señaló que si es necesario que el gobierno haga cumplir la ley, ya sea aquí o en Estados Unidos, significa que el empleador ya ha dejado de tratar a las personas de forma justa.
