Santo Domingo, RD.- La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, planteó que es necesario que la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08 sea reformada.
La planteamiento lo realizó al pronunciar el discurso de apertura de la “Sesión técnica sobre la reforma de la ley de defensa de la competencia 42-08”. Esta se celebró en coordinación con la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Commercial Law Development Program (CLDP).
María Elena Vásquez dijo: “para que la República Dominicana responda de manera eficaz y eficiente en materia de defensa de la competencia a las mejores prácticas internacionales sobre la materia, es necesario que la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08 sea reformada”.
De acuerdo a Vásquez, el taller obedece a un esfuerzo mancomunado que permitirá consolidar los objetivos institucionales para lograr una real y efectiva defensa de la competencia. Al tiempo de fomentar un sano ejercicio de la libre empresa consagrado en la Constitución.
Explicó que el mercado y el derecho de la competencia han evolucionado mucho desde la puesta en vigencia de la Ley General de Defensa de la Competencia.
La ley impide confrontar las conductas
Puntualizó que lo normativo de la referida ley impide confrontar de manera eficaz y eficiente las conductas anticompetitivas y otras disposiciones contenidas en la misma que ameritan un reenfoque sustantivo.
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Asimismo, entiende que la constante evolución de la humanidad es el cambio, del que, precisó, no escapan las leyes, ni el derecho de la competencia.
Además, opina que la innovación implica que en el mercado sobreviva el que más beneficios atrae al consumidor al solucionar de manera más eficiente sus necesidades.
También, resaltó que el derecho debe adaptarse para cumplir con su rol en la misma medida que los mercados evolucionan y surgen nuevas modalidades de negocios.
Entiende que se necesita una vigilancia eficaz del cumplimiento de la ley. Pero también sancionar dichas conductas anticompetitivas y disuadir su comisión por parte de los agentes económicos. “De ahí la imperiosa necesidad de actualizar nuestro marco normativo a la realidad latente”, enfatizó.
