Los reformistas, miembros de la coalición de partidos que apoya electoralmente al PLD, se quejan de que a sus miembros que comenten indelicadezas se les destituye y se les somete a la justicia. Ellos sostienen que a los funcionarios del PLD se les trata diferente. No importa la magnitud de la indelicadeza, la justicia archiva los expedientes de los funcionarios de ese partido.
La sociedad dominicana ha perdido la capacidad de asombro. Ya no hay límites al irrespeto de los bienes públicos. De acuerdo a las declaraciones de los reformistas sólo hay que pertenecer al partido de gobierno o, por lo menos, a una determinada facción para tener luz verde y cometer los más terribles actos de prevaricación.
El costo de esas acciones es terrible. El 18% de los encuestados afirma que el principal problema para hacer negocios en el país es la corrupción. Ésta reduce los ingresos del gobierno y los recursos disponibles para ayudar a los segmentos más pobres. No es justo que un niño muera en un hospital público porque las incubadoras estén dañadas, o que una persona fallezca porque el equipo de diálisis no está disponible, mientras que al mismo tiempo otra persona se apropia del dinero que se iba a utilizar para adquirir esos equipos.
El colmo es que los corruptos quieren comprar o imponer su honestidad. Y eso es imposible, pues la honestidad se siembra y se cosecha.
