Un hombre y una mujer investigados por integrar una red dedicada a la explotación sexual de menores de edad cumplirán tres meses de prisión preventiva en Santiago.
La medida fue impuesta por el juez Dayham Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, tras acoger la solicitud del Ministerio Público.
Los imputados fueron identificados como Andrés Acosta Vargas, abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, provincia Valverde.
Ambos cumplirán la medida en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres.
Fiscalía identifica al menos tres víctimas
La investigación está a cargo del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago. Según el Ministerio Público, los investigados contactaban a adolescentes de entre 13 y 17 años.
La acusación provisional establece que les ofrecían dinero y regalos para que mantuvieran relaciones sexuales entre sí. El hombre, según la investigación, grababa esos encuentros.
El órgano acusador indicó que los sospechosos utilizaban «aplicaciones de citas» para contactar a algunas víctimas. En uno de los casos, Acosta Vargas habría ofrecido dinero a un adolescente para mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, le propuso presentarle a otra víctima.
La Fiscalía también sostiene que una adolescente fue trasladada desde la provincia Valverde hasta Santiago mediante engaño.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León informó que las autoridades habían identificado al menos tres víctimas. Entre ellas figura una adolescente de 17 años que se encuentra en estado de gestación.
Notas relacionadas
Tribunal autoriza anticipo de pruebas
El tribunal autorizó el anticipo de pruebas de las víctimas menores de edad y de otro adolescente que figura como testigo.
La medida busca conservar sus testimonios y evitar que tengan que comparecer repetidamente ante los tribunales, lo que podría provocar su revictimización.
Además, el juez autorizó el levantamiento de evidencia forense y la extracción de información de los teléfonos celulares presentados durante la investigación.
Entre los objetos ocupados en un allanamiento a la residencia de uno de los imputados, el Ministerio Público mencionó:
- Preservativos nuevos y usados.
- Somníferos y otros medicamentos.
- Cámaras de videograbación.
- Cables transmisores USB.
- Dinero en efectivo.
- Estimulantes sexuales.
La Fiscalía considera estos elementos relevantes para sustentar la investigación.
¿Qué cargos enfrentan los investigados?
El Ministerio Público les atribuye provisionalmente violaciones a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
También señala presuntas infracciones al artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, que establece la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las imputaciones incluyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual contra menores y delitos de alta tecnología.
La prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una sentencia condenatoria. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras el proceso judicial continúa.
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