Con el rechazo de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia.
La pieza, impulsada por legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, se modificó durante su estudio, por lo que deberá regresar al Senado de la República para una decisión final.
El proyecto obtuvo 112 votos favorables y 10 en contra, además de varias abstenciones de diputados del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y Alianza País.
Al tratarse de una ley orgánica, el Senado -como cámara de origen- solo podrá refrendarla en única lectura o rechazarla. El plazo vence el lunes 12 de enero, a las 11:59 de la noche, cuando la iniciativa perimiría si no es sancionada.
Reparos y cambios tras el fallo del TC
La normativa se reintrodujo el 4 de marzo por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la Ley 1-24 mediante la sentencia TC/0767/24, al no resultar aprobada como ley orgánica. Entre los principales ajustes, se prohíbe que la DNI solicite información a ciudadanos sin orden judicial.
El artículo 13 establece que cualquier procedimiento especial de obtención de información deberá contar con autorización y control judicial, conforme al Código Procesal Penal, y que los datos obtenidos tendrán carácter reservado.
La ley también dispone que la DNI elaborará su reglamento de aplicación en un plazo máximo de 90 días tras su entrada en vigencia.
Posturas encontradas en el Congreso
Desde la oposición, el diputado Danilo Díaz (PLD) advirtió que el proyecto otorga facultades excesivamente amplias y propuso la creación de una comisión legislativa como contrapeso democrático. La Fuerza del Pueblo, por su parte, señaló que la protección del secreto profesional se limita a periodistas y excluye a otros sectores como abogados o líderes religiosos.
En defensa de la pieza, el diputado Ramón Bueno y el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, aseguraron que la ley responde a la Constitución y que el Estado necesita un marco claro para regular la inteligencia y la seguridad nacional.
