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Diputado Tavárez propone reducir 30 % los intereses de tarjetas de crédito

El diputado de la Fuerza del Pueblo por San Pedro de Macorís, Alcibíades Tavárez, presentó un proyecto de ley para reducir un 30 % los intereses de las tarjetas de crédito y fijar un límite máximo de 45 % anual. La propuesta busca modificar la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, para proteger a los […]

Ruth Salcedo
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El diputado de la Fuerza del Pueblo por San Pedro de Macorís, Alcibíades Tavárez, presentó un proyecto de ley para reducir un 30 % los intereses de las tarjetas de crédito y fijar un límite máximo de 45 % anual.

La propuesta busca modificar la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, para proteger a los usuarios de tarjetas de crédito. También plantea mejorar la información sobre las deudas y regular los cobros de las entidades financieras.

La iniciativa propone reducir los intereses actuales en un 30 %, según la fecha que se establezca para aplicar la medida. La reducción abarcaría tanto las deudas pendientes como las nuevas compras financiadas con tarjetas.

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Tope a los intereses de las tarjetas

El proyecto plantea establecer una Tasa Máxima de Tarjetas de Crédito (Tmtc). Esta se calcularía a partir de la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional, más un margen que fijaría la Junta Monetaria. Sin embargo, los intereses no podrían superar el 45 % anual.

La propuesta también busca evitar que las entidades suban las tasas que ya estén por debajo del límite legal. Si la reducción del 30 % deja una tasa más baja que el tope, el banco tendría que mantener la condición más favorable para el cliente.

Más claridad en los estados de cuenta

La iniciativa establece que los estados de cuenta detallen el capital pendiente, los intereses, las comisiones, los cargos, el pago mínimo y la tasa anual. También deberán incluir una estimación del tiempo que tomaría pagar la deuda si el usuario solo abona el monto mínimo.

El proyecto permitiría realizar pagos anticipados, parciales o totales, sin penalidad, de acuerdo con las reglas aplicables. Además, las entidades tendrían que avisar con tiempo sobre los cambios en las tasas y respetar los contratos y las normas vigentes.

Otro punto importante es la prohibición de cobrar intereses sobre el capital que el cliente ya haya pagado. Si una entidad realiza cobros indebidos, deberá devolver el dinero o acreditarlo a la cuenta del usuario. Esto no impediría que se apliquen las sanciones correspondientes.

La propuesta también busca que los usuarios que paguen el balance total dentro del plazo establecido conserven el período de gracia para las compras que cumplan las condiciones requeridas.

Supervisión y plazos de aplicación

El proyecto asigna a la Superintendencia de Bancos la tarea de publicar información periódica para comparar las tasas, las comisiones, los cargos y los límites vigentes. También plantea reforzar el seguimiento de las deudas, los pagos atrasados y las reclamaciones de los usuarios.

La iniciativa otorga a la Junta Monetaria un plazo de 120 días, desde la promulgación de la ley, para establecer las reglas de cálculo de la tasa máxima, el margen regulatorio y la supervisión.

Por su parte, las entidades emisoras tendrían hasta 90 días, luego de la entrada en vigor de las normas, para adaptar sus contratos, sistemas y estados de cuenta. Durante ese período, no podrían tomar medidas para anular el efecto de la reducción de los intereses.

Evaluación de la medida

El proyecto dispone que las autoridades evalúen los efectos de la ley a los 12 meses de su aplicación y, luego, cada dos años. Las revisiones tomarían en cuenta el acceso al crédito, las deudas, los pagos atrasados, la competencia y la estabilidad financiera.

Además, establece que, después de 24 meses de aplicación plena, la Junta Monetaria envíe al Congreso Nacional un informe técnico con los resultados y las recomendaciones.

Con esta iniciativa, Tavárez busca establecer reglas especiales para el financiamiento con tarjetas de crédito. La propuesta se centra en reducir los intereses, dar mayor claridad sobre los cobros y proteger a los consumidores.

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