Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) presentó un recurso de reconsideración ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) contra la Resolución 624-05, la cual aprueba el nuevo Contrato Póliza del seguro de Discapacidad y Sobrevivencia. Según la institución, esta normativa vulnera derechos fundamentales y contradice principios constitucionales que ordenan ampliar, y no limitar, la protección de los afiliados.
La Resolución 624-05 fue emitida tras la sentencia TC/0305/25 del Tribunal Constitucional. La misma declaró inconstitucionales restricciones por edad y vencimiento de plazos para acceder a pensiones por discapacidad y sobrevivencia establecidas en la Ley 87-01. Sin embargo, la DIDA asegura que el nuevo contrato no reconoce derechos retroactivos a los afiliados ya afectados por estas limitaciones.
DIDA afirma que la resolución es regresiva
El director de la DIDA, Elías Báez, señaló que la normativa mantiene disposiciones “regresivas e incompatibles con la Constitución”, entre ellas la exclusión de siniestros ocurridos antes del 20 de mayo de 2025, fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional.
También denunció que la resolución elimina garantías históricas, como el reconocimiento del derecho a pensión desde la fecha del diagnóstico médico. También que permite utilizar fondos de la Cuenta de Capitalización Individual del afiliado para financiar pensiones por discapacidad, un gasto que corresponde a la aseguradora mediante la prima del seguro de vida.
Asimismo, Báez advirtió que la disposición restringe de forma ilegal el derecho al traspaso entre Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), afectando incluso a funcionarios con derechos adquiridos.
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Reclaman retroactividad y revisión del contrato
La DIDA recordó que remitió al CNSS múltiples comunicaciones oficiales donde advertía la necesidad de adecuar el contrato a la sentencia constitucional. Sin embargo, afirma que sus recomendacioneslas ignoraron.
Por esta razón, solicitó dejar sin efecto la Resolución 624-05, suspender sus efectos de forma inmediata y abrir un nuevo proceso de revisión con la participación de todos los actores del sistema.
La entidad también pidió aplicar la retroactividad favorable establecida en la Ley 107-13. Esto para reparar a los afiliados afectados por las limitaciones que ya declararon inconstitucionales.
La institución afirmó que continuará utilizando todos los mecanismos administrativos y judiciales necesarios. Los mismos para garantizar un sistema de seguridad social “transparente, legal y humano”, especialmente para las personas en situación vulnerable.
“La seguridad social debe avanzar hacia la justicia y la ampliación de derechos, nunca hacia la exclusión ni el retroceso”, concluyó Báez.
