Dictarán medida de coerción contra militares y civiles acusados por sobornos

Santo Domingo, RD.- Unos cinco imputados de recibir y pagar sobornos para conseguir contratos de servicios de seguridad en Inaipi, Senasa y las Empresas Distribuidoras de Electricidad reconocieron los hechos imputados.

De igual forma, decidieron colaborar con el Ministerio Público y la investigación en curso.

Desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que la tarde de este miércoles el juez Rigoberto Sena pretende dictará medida de coerción contra la estructura delictiva conformada por civiles y militares.

Cinco de las diez personas físicas investigadas por el Ministerio Público como parte de una estructura delictiva que pagó y recibió sobornos, reconocieron los hechos imputados.

Se les acusa de pagar dinero en sobornos, para obtener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones públicas. Mientras, otros acordaron con el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que van a colaborar con la investigación.

Seguridad en varias instancias

Se trata de los exencargado de seguridad de Edenorte, Andrés Pacheco Varela y Bolívar Fernández Espinal; el exintegrante del departamento de seguridad de Edeeste, Ramón Quezada Ortiz. También del exasistente del encargado de seguridad de Inaipi, Wellington Peralta Santos; y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

Para ellos, el Ministerio Público varió la solicitud inicial de imposición de prisión preventiva por arresto domiciliario.

En tanto que mantiene la solicitud de prisión para los demás implicados que niegan los hechos.  

Solicitud de medida de coerción por sobornos

Alrededor de la una de la madrugada de este miércoles, el juez Rigoberto Sena recesó la audiencia de solicitud de medida de coerción. Esto por alegados problemas de salud presentado por unos de los detenidos, con el fin de retomarla en horas de la tarde.

En la audiencia solo falta escuchar la contra réplica de cuatro de los implicados. Esto para que el juez esté en condiciones de ponderar las medidas de coerción que garanticen que los detenidos no se sustraigan del proceso.  

Se recuerda que los encartados están siendo imputados por los delitos de sobornos, lavado de activo, asociación de malhechores y entre otros, desfalco contra el Estado.

Por Jonan González