Santo Domingo, R.D. – La Suprema Corte de Justicia enmendó un fallo del Tribunal Superior Administrativo y abrió una vía para que las víctimas de la explosión de San Cristóbal persigan la responsabilidad patrimonial del Estado, según explicaron los abogados Rafael Lina y Roberto Faxas.
Los abogados representan a un grupo de alrededor de 125 demandantes que incluyen familiares de las 52 víctimas mortales, heridos y personas con daños psiquiátricos, psicológicos y materiales, y dividieron el expediente en cuatro grupos para su estrategia judicial.
«El primer grupo lo depositamos de manera simbólica ante el Tribunal Superior Administrativo el 14 de febrero del 2024», dijeron, y explicaron que la quinta sala del Tribunal rechazó inicialmente la demanda patrimonial contra el Estado Dominicano, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal.
Los abogados sostuvieron que la quinta sala basó su rechazo en un informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal que atribuía responsabilidad a la empresa Vidal Plast, pero la Suprema corrigió al señalar que la controversia patrimonial no debía centrarse en la causa del incendio, sino en quién tenía la guarda y control del lugar donde ocurrió el hecho.
«El Mercadito de San Cristóbal tenía la titularidad el Ayuntamiento de San Cristóbal y operaban allí la empresa Rilco, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento», señalaron como elementos que apuntan a responsabilidades distintas de las atribuidas por el informe de bomberos.
Denuncian manipulación y desaparición de pruebas
Los abogados afirmaron que, al pedir copia certificada del informe de bomberos mediante la ley de información pública, la plana mayor del Cuerpo de Bomberos respondió que en sus archivos «no tiene absolutamente nada» relacionado con esa explosión, y que el documento original aparentemente terminó manipulado o trasladado.
«Ese informe fue totalmente manipulado», dijeron, y añadieron que el director técnico que firmó el informe declaró por escrito que no fue el autor del mismo.
Explicaron que hay tres vías abiertas: la demanda administrativa patrimonial, el proceso penal contra la empresa implicada y un expediente presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad ante la Procuraduría General de la República.
Sobre el proceso penal, indicaron que la jueza de instrucción acogió los medios de prueba del Ministerio Público y de la defensa y los envió a juicio, lo que permitirá interrogar a quienes elaboraron y firmaron el informe cuestionado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, según los abogados, solicitó investigar no solo la causa de la explosión, sino «quiénes socavaron los elementos de prueba» y denunció que Secretaría de Obras Públicas reportó la remoción de «1,200 toneladas de escombros» días después del evento, lo que afectó pruebas.
Los abogados denunciaron que en San Cristóbal desaparecieron «12» cuerpos y que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó posteriormente cero desaparecidos, observación que vinculan con un trato desigual en la búsqueda y dignidad de las víctimas.
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Implicaciones procesales y expectativas
Según los letrados, la sentencia de la Suprema sirve de precedente para que otras salas y grupos prosigan las demandas patrimoniales, y esperan sentencias «ejemplarizantes» que precise la responsabilidad del Estado y permita indemnizaciones a las víctimas.
Sobre la negligencia atribuida, recordaron que la responsabilidad patrimonial administrativa se determina por quién tenía la guarda, manejo y cuidado del lugar, y que una vez identificado ese sujeto es más sencillo determinar la obligación de reparar.
Finalmente, los abogados manifestaron que, aunque lo penal y lo administrativo conforman vías separadas, ambas pueden aportar a la verdad fáctica; esperan que los procesos abiertos permitan esclarecer responsabilidades y obtener resarcimiento para las familias afectadas.
Los representantes agradecieron la confianza de las víctimas y afirmaron que seguirán litigando la vía administrativa, penal y los recursos ante derechos humanos para buscar verdad y reparación.