Santo Domingo, R.D. – La Junta Central Electoral (JCE) se encuentra en un proceso de renovación de cédulas para más de 8.4 millones de ciudadanos con documentos vencidos. Este proceso, realizado mediante licitación pública internacional, ha generado diversas inquietudes que fueron abordadas por el Dr. Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, y el Dr. Johnny Rivera, director de Informática, durante entrevista en Despierta con CDN.
Actualmente, el proceso de licitación se encuentra en fase de impugnación, con plazo hasta el 12 de agosto para recibir objeciones. Solo una empresa calificó para pasar a la fase de propuesta económica (sobre B).
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El presupuesto estimado de 6,000 millones incluye no solo la tecnología y el plástico, sino todo el operativo para renovar 9.4 millones de documentos, incluyendo dominicanos en el exterior. Aunque el presupuesto actual solo contempla 2,000 millones, se espera apoyo adicional del Poder Ejecutivo.
La renovación es necesaria porque muchos países no reconocen las cédulas vencidas, afectando a dominicanos en el extranjero. Además, el documento actual es fácilmente falsificable, lo que ha generado problemas de suplantación de identidad y fraudes.
Características de la nueva cédula
La nueva cédula será electrónica, fabricada en policarbonato, con chip criptográfico que almacenará firma digital, certificado de viaje y otros datos personales. Incluirá una identidad digital para el celular donde el ciudadano controlará qué información compartir. El documento cumplirá con normas internacionales ISO y OACI.
El proceso permitirá auditar el Registro Civil y el padrón electoral, identificando inconsistencias entre personas ceduladas y sus actas de nacimiento. La biometría ayudará a detectar identidades fraudulentas.
A diferencia de la actual, la nueva cédula no tendrá fecha de vencimiento establecida por ley. Se trabaja en acuerdos de interoperabilidad con instituciones como bancos, Salud Pública y otros organismos para maximizar su utilidad. Técnicamente, podría incluso integrar información de licencias de conducir.
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Los funcionarios enfatizaron que este proyecto representa una inversión con alto retorno, no un gasto, al facilitar trámites digitales y mejorar la seguridad jurídica del país.