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Nassef Perdomo asegura Poder Judicial atraviesa crisis de recursos y confianza ciudadana

Santo Domingo, R.D. – Nassef Perdomo calificó el Día del Poder Judicial como un momento protocolar donde se reiteran logros y objetivos, pero advirtió que el balance general no es particularmente positivo. Dijo que los discursos del 7 de enero llegan después de elaborado el presupuesto, lo que limita la posibilidad de pedir recursos al […]

Santo Domingo, R.D. – Nassef Perdomo calificó el Día del Poder Judicial como un momento protocolar donde se reiteran logros y objetivos, pero advirtió que el balance general no es particularmente positivo.

Dijo que los discursos del 7 de enero llegan después de elaborado el presupuesto, lo que limita la posibilidad de pedir recursos al Ejecutivo y al Congreso para materializar metas del sistema de justicia.

«El Poder Judicial Dominicano ciertamente ha obtenido logros, pero el balance no es particularmente positivo», afirmó Perdomo durante entrevista en Despierta con CDN.

Señaló problemas materiales en los palacios de justicia, citando ejemplos como ascensores dañados y condiciones físicas deficientes que afectan a jueces, víctimas y procesados.

Advirtió que la reducción de la mora judicial puede ocultar problemas de calidad: sentencias apresuradas, con errores y faltas de motivación, fruto de la presión sobre los jueces para producir fallos rápidamente.

Indicó que la Secretaría de muchos tribunales opera con oficinas desbordadas de papeles y falta de recursos materiales. Además, mencionó el Tribunal Superior Administrativo que trabajó años en salones prestados.

Los salarios de los jueces

Comentó que los salarios de los jueces son insuficientes frente al volumen y la responsabilidad del trabajo, y que se recurre a «bonos de éxito» por cantidad de sentencias emitidas, lo que no favorece la calidad.

Perdomo destacó la sobrecarga laboral del personal de apoyo y la necesidad de priorizar la calidad del sistema sobre las estadísticas de producción.

Planteó la conveniencia de reorganizar jurisdicciones territoriales y redistribuir la carga de trabajo entre jueces para equilibrar casos y eficiencia.

Reformas, códigos y confianza ciudadana

Sobre cambios normativos, recordó reformas al Código Procesal Penal y el reciente Código Penal, y advirtió que la sustitución inmediata de códigos sin vacatio legal puede generar problemas en un sistema con recursos limitados.

Subrayó que el elemento intangible que define un buen sistema de justicia es la confianza de la ciudadanía, y que esta no se construye solo con cifras o discursos públicos.

Elogió el desempeño de la Defensa Pública en materia penal. También criticó el uso del populismo penal y la búsqueda de reconocimientos rápidos que pueden erosionar la confianza.

Expresó preocupación por la política de acuerdos del Ministerio Público en casos relevantes, que a su juicio depende más de la voluntad de la institución que de los hechos del caso.

Consideró positiva la creación del Ministerio de Justicia, por su capacidad para descargar funciones administrativas del Ministerio Público. También para abrir espacios de diálogo entre los órganos del sistema de justicia.

Sobre la Suprema Corte

Sobre la Suprema Corte, opinó que el acceso a ese tribunal no forma parte de la carrera judicial. Además, sugirió mandatos periódicos renovables por tercios, similar al Tribunal Constitucional.

Dijo que la remoción de magistrados responde a la lógica democrática de renovación ideológica. También que no necesariamente implica un juicio sobre la calidad judicial, aunque cuestionó las justificaciones dadas en casos recientes.

En relación con el caso de Gonzalo Castillo, señaló que uno de los imputados, Rafael Calderón, de 82 años, padece problemas de salud que han motivado una licencia médica avalada por el perito del Ministerio Público.

Perdomo afirmó que la licencia médica impide por ahora la comparecencia del imputado y rechazó que se trate de una obstaculización del proceso.

Concluyó insistiendo en la necesidad de más recursos, mejores condiciones laborales. También una reforma institucional que priorice la calidad y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

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