Evaluación psiquiátrica en 72 horas, clave para determinar imputabilidad, dice psiquiatra

Santo Domingo, R.D. – El psiquiatra José Miguel Gómez explicó que tras un homicidio cometido por una persona con diagnóstico psiquiátrico se debe activar de inmediato la evaluación forense para determinar si la víctima estaba en un brote psicótico y carecía de conciencia para discriminar sus actos.

Durante su sección semanal en Despierta con CDN, Gómez aseguró que la Justicia dominicana debe solicitar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la evaluación psiquiátrica y psicológica en menos de 72 horas, con informes cerrados que incluyan diagnóstico, historia familiar y levantamiento social.

«Cuando la unidad de psiquiatría forense hace esa evaluación es la que le sirve de auxiliar a la justicia», dijo Gómez. En referencia al procedimiento que permitiría al juez decidir sobre tratamiento y medidas.

Detalló que un brote psicótico incluye delirios, alucinaciones y agitación psicomotriz. Y que en ese estado el individuo no tiene capacidad para medir consecuencias ni discriminar su conducta.

Explicó que, tras la evaluación forense, el juez puede ordenar tratamiento psiquiátrico dentro del sistema penitenciario, con unidades de salud mental para rehabilitación y reinserción social cuya duración puede ir de seis meses a un año.

Indicó que en Najayo existen psiquiatras y una pequeña unidad de salud mental, pero cuestionó que en otros casos —como el de Higüey— no se hayan dispuesto unidades ni diagnóstico temprano.

Diagnóstico, pruebas y reinserción

Gómez señaló que la evaluación en 72 horas permite entrevistar al paciente durante la fase aguda y cruzar la información con antecedentes. También se pueden solicitar pruebas toxicológicas, resonancia o electroencefalograma para descartar causas orgánicas.

Si no hay antecedentes psiquiátricos, la conducta puede atribuirse a sustancias o a condiciones neurológicas, y esos estudios ayudan a determinar imputabilidad.

Sobre la esquizofrenia, explicó que es una enfermedad crónica que no se cura, pero se trata: la recaída suele deberse a abandono del tratamiento, reducción de dosis o falta de seguimiento médico.

El especialista afirmó que un brote agudo puede resolverse en 21 a 30 días. Y que la rehabilitación y reinserción social requieren entre tres y doce meses según el caso.

En cuanto a centros privados, dijo que dichos establecimientos deben presentar al juez las evaluaciones y certificaciones del tratamiento y cumplimiento del programa antes de recomendar la liberación.

Capacidad institucional y recomendaciones

Gómez afirmó que la solución no es compleja: existe presupuesto en la Procuraduría y acuerdos con el Servicio Nacional de Salud (SNS) para habilitar unidades en el sistema penitenciario, suministrar antipsicóticos y estabilizadores y crear programas de rehabilitación.

Advirtió sobre la inequidad actual, donde algunos imputados reciben evaluaciones y otros no. Y propuso abrir unidades rápido, capacitar a jueces y fiscales y utilizar la psiquiatría forense como auxiliar permanente de la justicia.

También planteó medidas administrativas, como audiencias los sábados para reducir la población preventiva en cárceles y evitar la cronificación por el encierro sin diagnóstico ni tratamiento.

Finalmente, reiteró que con organización y gerencia se pueden habilitar unidades en menos de un mes. Así garantizar procedimientos iguales para todos los casos que involucran trastornos mentales.