El Senado aprobó en segunda lectura una modificación a la ley de procesos electorales que elimina las candidaturas independientes, y el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados.
La abogada constitucionalista Maribel Reyes afirmó en entrevista en Despierta con CDN que el poder legislativo cumple su obligación de legislar y que la Constitución establece el derecho a elegir y ser elegido, pero no garantiza que la forma de postulación, como la candidatura independiente, sea un derecho constitucional.
Reyes señaló que los mecanismos para postular están regulados por la ley y que los partidos políticos son los garantes del sistema democrático.
«Eso no está en la Constitución. La ley tiene unos mecanismos para establecer cuáles las formas y dice que los regula ley, entonces tienes que ir al mandato de la ley», explicando que los partidos políticos resultan el mecanismo para elegir y poder postularse como candidato.
Reyes explicó que los artículos objeto de debate, los referidos a candidaturas independientes en la ley 2023, los creó el poder legislativo y que ese mismo poder tiene la capacidad de eliminarlos.
La jurista sostuvo que, aunque inicialmente no veía controversia en la figura de la candidatura independiente tal como figuraba en la ley 2023, una acción ante el Tribunal Constitucional (TC) provocó una sentencia que, en su opinión, fue más allá de una mera interpretación y terminó por legislar sobre la materia.
«La labor del legislador»
Reyes añadió que el fallo del Tribunal Constitucional eliminó requisitos y delimitó cómo debían ser las candidaturas independientes, que según ella debía haberse dejado para la labor del legislador.
Sobre la posibilidad de que sectores afectados acudan nuevamente al Tribunal Constitucional tras la aprobación en el Senado, Reyes indicó que el Tribunal no tiene control a priori de las leyes y que procede una acción directa una vez la ley esté promulgada.
Analizó que, desde su criterio técnico, las modificaciones legislativas parecen constitucionales porque el legislador ejerce la prerrogativa que le otorga la Constitución y no estarían vulnerando el derecho a elegir y resultar electo.
Reacciones y vías judiciales
Reyes señaló que grupos acudieron al Tribunal Constitucional antes de la aprobación en el Senado y cuestionó la procedencia de ese recurso, recordando que la acción directa contra leyes opera sobre normas ya aprobadas.
Advirtió que, de presentarse recursos contra la eliminación de la candidatura independiente, el análisis que tendría que hacer el Tribunal se centraría en la razonabilidad y en la posible afectación de derechos, aunque ella estima que técnicamente la modificación es viable.
La especialista comentó además que la ciudadanía ha mostrado un despertar cívico al recurrir a diversas instancias, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Electoral.
Sobre la necesidad de una reforma constitucional para viabilizar candidaturas independientes, Reyes recordó el historial de regulaciones desde 1926 y afirmó que, en su opinión, la discusión debería orientarse al fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de la educación política, más que a cambios constitucionales.
Acerca de propuestas internas de partidos para regular idoneidad y requisitos de candidatos, la jurista advirtió que ciertos requisitos, como antecedentes penales o pruebas antidopaje, pueden entrar en una zona gris constitucional por la presunción de inocencia y por las vías de impugnación judicial.
Finalmente, respecto a recursos presentados por diputados y senadores sobre otros temas como la indexación, Reyes recordó que la Constitución y la jurisprudencia permiten a ciudadanos y legisladores acudir con acciones directas al Tribunal Constitucional, y que actualmente la alta corte tiene gran carga de trabajo por recursos contra el poder legislativo.
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