Abogada afirma que caso Jet Set podría ser recalificado durante juicio de fondo

Santo Domingo.- La abogada constitucionalista Maribel Reyes sostuvo este martes que la decisión del juez de la instrucción de enviar a juicio de fondo a los hermanos Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set no impide que la calificación jurídica del caso sea modificada durante las etapas posteriores del proceso.

Durante su participación en el programa “Despierta con CDN”, Reyes explicó que, aunque el juez fundamentó su decisión en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relacionados con el homicidio involuntario, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado la figura del dolo eventual, aun cuando esta no esté expresamente tipificada en la legislación penal vigente.

La jurista indicó que el tribunal de fondo tiene facultad para valorar las pruebas presentadas y, si lo considera pertinente, recalificar los hechos durante el conocimiento del juicio. Asimismo, señaló que la jurisprudencia de la Suprema Corte mantiene una línea uniforme respecto a la aplicación del dolo eventual en casos similares.

Demandas civiles seguirán caminos distintos

Reyes también abordó el tema de las demandas civiles interpuestas por las víctimas de la tragedia. Explicó que quienes demandaron directamente a los hermanos Espaillat podrán conocer sus reclamaciones de daños y perjuicios junto al proceso penal en el tribunal de fondo.

Sin embargo, precisó que las acciones dirigidas contra instituciones del Estado deberán seguir una vía distinta, conforme a lo establecido por la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico vigente.

Tribunal remite reclamaciones contra el Estado a jurisdicción administrativa

La especialista detalló que el juez de la instrucción declaró incompetente la jurisdicción penal para conocer las demandas civiles presentadas contra entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

En consecuencia, los reclamantes deberán iniciar un nuevo procedimiento ante el Tribunal Superior Administrativo para procurar una eventual indemnización por los daños alegados. Reyes explicó que esta decisión obliga a los afectados que demandaron tanto a particulares como al Estado a llevar sus reclamaciones por vías judiciales separadas.