Santo Domingo.– Con la aprobación en segunda lectura del proyecto de Ley de Alquileres y desahucios, la Cámara de Diputados dejó claro que ningún desalojo podrá ejecutarse sin orden judicial, protegiendo así los derechos de los inquilinos frente a procedimientos arbitrarios.
El artículo 45 del proyecto lo modificaron para establecer que toda sentencia de desalojo deberá ejecutarse conforme a la Ley 396-19, que regula el uso de la fuerza pública en República Dominicana. Esta disposición refuerza que solo un juez puede autorizar el desalojo, y que su ejecución debe estar respaldada legalmente.
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¿Qué cambia con esta nueva ley de alquileres?
En la versión anterior del proyecto, se establecían penas de hasta cinco años de prisión para propietarios, abogados o alguaciles que intentaran desalojar sin autorización judicial. Sin embargo, el texto aprobado en segunda lectura elimina esa sanción directa, pero mantiene que todo acto de desalojo debe pasar por el debido proceso judicial.
Esto significa que:
No pueden sacarte del inmueble sin una orden judicial válida.
El propietario no puede ejecutar un desalojo por su cuenta, ni contratar a terceros para hacerlo fuera de la ley.
La ley prohíbe los desalojos forzosos sin orden judicial, y cualquier persona puede denunciarlos.
¿Qué hacer si intentan desalojarte sin orden?
Las personas afectadas pueden acudir a las autoridades competentes, como la Fiscalía o la Policía Nacional, para denunciar intentos de desalojo ilegales. También pueden buscar orientación legal en la Defensoría Pública o consultorías jurídicas privadas.
Este proyecto de ley aún espera la aprobación en el Senado antes del 26 de julio para convertirse en ley definitiva. Si eso ocurre, será un avance importante en la regulación del mercado de alquileres. Y en la protección de los derechos de inquilinos y propietarios en República Dominicana.
