Comunitarios y Comisión de Derechos Humanos rechazan intervención en el Jardín Botánico

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y residentes de los barrios Cuba y Arroyo Verde se manifestaron este jueves frente al Jardín Botánico Nacional. Denunciaron lo que califican como una “mutilación” de esta área protegida. Además, rechazaron el nuevo proyecto vial que afectaría una porción significativa del parque.

Los manifestantes advirtieron sobre la posible pérdida de unos 11 mil metros cuadrados del Jardín Botánico. Esta sería la tercera intervención de este tipo y la segunda de gran magnitud. Ellos afirman que la pérdida reduciría de forma alarmante uno de los pulmones verdes más importantes del Gran Santo Domingo. También, afirmaron que existen alternativas menos invasivas, como soluciones viales a desnivel.

Durante la protesta, se recordó que el Jardín Botánico está amparado por el Plan de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Por lo tanto, cualquier intervención constituye una violación a su estatus de protección ambiental.

Notificación

Pero el impacto del proyecto no se limita al ámbito ecológico. Más de 200 familias de los sectores colindantes han sido notificadas para desalojar sus viviendas en un plazo de 15 días. Los residentes, muchos con más de 25 años en la zona, denunciaron que no se les ha ofrecido ninguna alternativa de reubicación ni compensación económica. Además, indicaron que las notificaciones llegaron sin previo diálogo o socialización del proyecto.

“Nos están echando a la calle sin explicaciones, sin opciones, como si no fuéramos seres humanos”, expresó uno de los comunitarios durante la manifestación. Exigió que el gobierno respete su derecho a una vivienda digna.

Por su parte, usuarios frecuentes del Jardín Botánico también manifestaron su oposición a la obra, cuestionando su efectividad como solución al caos vehicular. Algunos temen que la construcción quede inconclusa y deje secuelas ambientales sin resolver el problema del tránsito.

Los convocantes hicieron un llamado al gobierno central y al Ayuntamiento para detener el proyecto. Esto sería hasta tanto se busque una solución equilibrada que respete el medio ambiente, el derecho a la vivienda y las normas urbanas vigentes.