Derechos Humanos pide sancionar policías habrían violado derechos de jóvenes detenidos

Santo Domingo. – El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, exigió que se sancione a los agentes de la Policía Nacional por detenciones irregulares de dos jóvenes en hechos separados, los cuales fueron reportados como desaparecidos, luego de no permitirles realizar una llamada telefónica.

Tanto Abel Ricardo Santos como al el periodista Edward Ramírez, los reportaron como desaparecidos, aunque realmente estaban bajo custodia en destacamentos policiales. En ambos casos, las autoridades no permitieron que los detenidos se comunicaran con sus familiares, lo que generó alarma pública y movilizaciones de búsqueda.

“Estamos frente a una clara violación al derecho fundamental de la libertad. Acciones como estas dejan muy mal parada a la Policía Nacional”, expresó Mercedes, quien calificó el hecho como grave y reiteró que no debe quedar impune.

“El hecho debe ser sancionado. La Comisión propone que se investigue y se identifique a los responsables de mantener detenidos a estos ciudadanos sin respetar su derecho a comunicarse, ya que constituye una violación inaceptable a sus derechos”, agregó.

Piden investigar detenciones irregulares de dos jovenes

Por su parte, el abogado Jorge Contreras denunció irregularidades en el procedimiento. El mismo cuestionó la ausencia del Ministerio Público y la Defensoría Pública en los destacamentos.

“Nuevamente, se evidencian violaciones a la Constitución y al Código Procesal Penal por parte de la Policía y el Ministerio Público. ¿Dónde está el fiscal del Ensanche Naco? Él debe supervisar los destacamentos diariamente. ¿Y los defensores públicos? También deben cumplir con su labor. Incluso si alguien comete un delito, tiene derecho a una llamada”, sostuvo Contreras.

Según se confirmó, Abel Ricardo Santos permaneció detenido por más de 24 horas sin contacto con sus familiares. Mientras que Edward Ramírez resultó retenido en el destacamento del Ensanche Naco bajo condiciones similares.

Este caso ha reavivado el debate sobre el respeto al debido proceso y la necesidad urgente de reformar los protocolos de detención en la República Dominicana.