Santo Domingo, RD.- Un tablón en el piso con la marca «MF 011-5» en rojo le recuerda a Leocadio Guzmán dónde se erigía su vieja casa, derribada para abrir camino al muro que República Dominicana levanta en la frontera con Haití.
La misma suerte tuvieron otras ruinosas viviendas de madera, bloques de cemento y láminas de latón en La Mara, una pequeña comunidad de caminerías de tierra en la provincia de Dajabón (noroeste): los vecinos suponen que el MF pintado con spray por militares se refiere a «muro fronterizo», acompañado por un código numérico. Unos tres meses después de estar marcadas, excavadoras se llevaron las casas por delante.
Unas 30 familias desalojadas en los sectores populares de La Mara y La Bomba, en Dajabón. Otras 48 parecen tener el mismo destino en la vecina provincia de Monte Cristi. Ya sus casas están marcadas. El gobierno dominicano declaró esas propiedades de utilidad pública para construir la verja fronteriza y las demoliciones comenzaron en noviembre.
Es un proyecto bandera del presidente Luis Abinader, quien ha endurecido la política con respecto a Haití. Un vecino difícil con el que Dominicana mantiene una agria relación cargada de xenofobia. El mandatario multiplicó las deportaciones (171 mil en 2022 frente a 85 mil un año antes) y comenzó la construcción del muro el año pasado. Cubrirá en total 160 de los 380 km de frontera entre ambos países que comparten la isla La Española.
El ministerio de Defensa, responsable de la obra, anunció en noviembre pasado el pago de 79 millones de pesos dominicanos (1.4 millones de dólares al cambio actual) en indemnizaciones por estas expropiaciones en Dajabón y Monte Cristi, que incluyen tierras de ganaderos.
En La Mara, bajo un sol intenso, obreros con palas rellenan una zanja donde se levanta la barrera. Pero entre los desplazados, una queja se repite: la compensación se queda corta.
Dajabón tiene un alto flujo migratorio
Millares cruzan los portones limítrofes cuando los lunes y los viernes se libera el paso por el mercado binacional. Donde hay que abrirse camino a empujones entre un enjambre de puestos amontonados en los que se vende. Entre muchos productos, ropa y zapatos, electrodomésticos usados, alimentos y juguetes.
Leocadio Guzmán, dominicano, tuvo más suerte que Lidna Dorfinis, aunque recibió menos dinero, alrededor de 230 mil pesos dominicanos (4 mil 200 dólares / 78 mil 20 pesos mexicanos) Oyó «el rumor» de que el gobierno debía demoler casas en las proximidades del río Masacre —la frontera natural— y fue haciendo con antelación una nueva vivienda en una parcela próxima.
Así, se consuela, «tenía por lo menos donde recostar la cabeza». El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, sostiene que el Estado negoció los pagos: «No ha sido traumático». Guzmán difiere y dice que fue una negociación desigual, en la que los afectados tenían todas las de perder.
